La Dirección General de Catastro ha contestado recientemente a la petición aprobada en Pleno por unanimidad de las partes para la revisión de la ponencia de valores aprobada en la ciudad en 2012, en la que niega la posibilidad de revisar el documento urbanístico atendiendo a lo establecido en el artículo 28.3 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. En él, se asegura que «el procedimiento de valoración colectiva de carácter general sólo podrá iniciarse una vez transcurridos, al menos, cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales». En este sentido, recuerda en el comunicado remitido al Consitorio, que el documento vigente en el municipio se realizó en el año 2012, por lo que de momento «no es posible iniciar uno nuevo».
Se trata de una apreciación que ya hizo el Grupo Municipal Socialista pero que desde la Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores de Talavera, Apovata, cuestionan y han remitido a su asesor jurídico para que lo estudie en los próximos días. Según el presidente del colectivo, Víctor Jiménez, lo del transcurso de cinco años para su revisión «es parcialmente cierto» ya que creen que este tiempo sería para llevar a cabo una modificación general y no rectificaciones parciales, como está solicitando Apovata. Por ello, añadió, han remitido el escrito a su gabinete jurídico para su análisis y estudio detallado.
En su opinión, «no creemos que exista ninguna razón ni Ley, que obligue al mantenimiento de un error que tiene asfixiada a esta ciudad».
El acuerdo de Pleno tuvo lugar durante la sesión del 31 de julio, propuesta que presentaron de forma conjunta PP, PSOE e IU, donde se debatió acerca de esta iniciativa que surgió tras el encuentro que mantuvieron miembros de la Corporación Municipal con responsables de la Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores de Talavera unos días antes.
Siete meses después. La respuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Delegación de Economía y Hacienda de Castilla La Mancha, desde su Gerencia Regional del Catastro, ha tardado siete meses en llegar tras el acuerdo remitido desde el Ayuntamiento talaverano, en el mes de septiembre. En este sentido, desde Apovata han lamentado que desde el Catastro hayan necesitado tanto tiempo para responder al Consistorio.Unos días antes de conocer este escrito, desde el colectivo criticaban el «silencio administrativo» así como la actitud de este organismo regional, que tachaban de «desprecio a los justos deseos de la segunda ciudad de esta Comunidad Autónoma, y al acuerdo de su Corporación Municipal».
Del mismo modo, pedían a la administración local que exigiera una respuesta «a la petición unánime y oficial de nuestros representantes políticos» que, poco después, llegó por parte del concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Arturo Castillo.