Se le podría denominar como el gurú del IBI. El abogado toledano Ildefonso Sánchez Conde ha conseguido dos sentencias favorables de la Audiencia Nacional anulando la valoración catastral de los terrenos de tres propietarios (dos de ellos en la misma causa al ser hermanos). La primera sentencia es de febrero de 2014 y la segunda fue notificada como firme el pasado 15 de enero. Ha conseguido que el Ayuntamiento tenga que devolver unos 25.000 euros al primer propietario y que pierda el derecho a cobrar 1,8 millones  a los otros dos ya que les tendrá que devolver los avales por ese importe depositados en los últimos años.

Sin conocer a fondo los procedimientos judiciales emprendidos por otros ciudadanos, ya que no los lleva él, Sánchez Conde sostiene que «hay posibilidades de que lleguen más sentencias favorables a los propietarios», lo que supondría que el Consistorio tendría que enfrentarse a nuevas devoluciones.

El letrado entiende que serán beneficiosas para los contribuyentes si han recurrido la valoración catastral y no las liquidaciones de los recibos. No en vano, el fallo de la Audiencia Nacional evidencia que «aunque el terreno se califique como urbano pero a efectos de valoración, es rústico hasta que no se efectúe un desarrollo urbanístico y se debe valorar por su uso rústico. Renta como rústico y el IBI se tiene que cobrar como rústico».

Por tanto, sostiene que todos los que hayan recurrido la ponencia de valores conseguirán que les devuelvan su dinero antes o después. Y es que, en estos momentos el Ayuntamiento solo está obligado a hacer lo propio con los que tienen una sentencia firme, sus clientes.

La Plataforma de Afectados por el IBI de Toledo -que aglutina   a unas 80 personas- ha incorporado la resolución de la Audiencia Nacional a sus recursos vivos en los tribunales para acortar los tiempos, algo que considera acertado Sánchez Conde.

Revisión. Independientemente de los procedimientos y las sentencias que puedan venir, el abogado explica que la resolución también insta al Catastro a revisar la valoración de los propietarios que han ganado. Además, Sánchez Conde aprecia que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda debería realizar una revisión general de los terrenos, teniendo en cuenta el reciente fallo judicial.

Asimismo, entiende que tanto el Catastro como el Ayuntamiento podrían haber dado soluciones antes a los ciudadanos.