Para algunos, puede que el fin justifique lo medios y, por tanto, robar al rico para dárselo al pobre, sea un acto de valentía. Para los que entienden, sin embargo, que el hombre vive en sociedad y, por tanto, debe aceptar las normas que ésta impone, la sustracción de cualquier objeto es un acto delictivo... En cualquier caso, el Ministerio del Interior ordenó ayer la detención de los autores de varios asaltos a supermercados, aunque estos robos se realizaran para repartir la comida entre los más pobres. Entre los arrestados se encontraba el alcalde de Marinaleda (Sevilla) y diputado por IU en el Parlamento andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, quien, por su parte, acusó al ministro del ramo de ser un «franquista de tomo y lomo», y aseguró que estará «orgulloso de entrar en la cárcel».
Todo este cruce de acusaciones tiene su origen en una iniciativa de los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que participaron en el asalto a dos supermercados en Écija y Arcos, ambas en Sevilla. Su objetivo era repartir luego lo sustraído entre los necesitados en una reinterpretación de Robin Hood, pero Fernández Díaz dictó una orden de arresto contra todos ellos.
El titular del Interior afirmó que se puso en contacto con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón «para que comunique a la Fiscalía general del Estado lo sucedido y actúe como proceda a Derecho en relación con estas actuaciones y con quienes están incitando a realizarlas». Así, declaró que es «consciente» de que «en estos momentos hay gente que lo pasa mal, pero la sociedad no va a tolerar que se violenten las leyes como algunos pretenden bajo el pretexto de un estado de necesidad. Una sociedad democrática está organizada como un Estado de Derecho donde el orden y la ley se deben respetar», concluyó.
Asimismo, el portavoz de la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, indicó que estos asaltos a varios supermercados por parte de Gordillo y otros miembros del SAT se caracterizan por ser un delito de robo violento, ya que las imágenes muestran cómo se agrede y amenaza a los dependientes.
Por su parte, el edil y diputado de IU arremetió contra Fernández Díaz y aseguró que estará «orgulloso de entrar en la cárcel por este motivo, una y mil veces».
Asimismo, lamentó, tras conocer esa orden de detención, que «haya vuelto el franquismo y el terrorismo estatal a España con la llegada del PP» y aseguró no entender «por qué no se detiene a Botín y a otros banqueros que roban miles de millones, o muchos gerifaltes de los partidos que han robado a manos llenas».

Propuesta rechazada. Los supuestos beneficiarios de esta acción, el Banco de Alimentos de Andalucía, tuvo muy clara su postura desde el principio y se negó a aceptar los productos que les ofrecieron después de asaltar los supermercados, porque ese «no es un camino acertado» para alimentar a los ciudadanos que lo necesitan. «No se puede obligar a nadie, ni a ninguna entidad, a tener una responsabilidad social» con los más desfavorecidos. El presidente de esta ONG, Javier Peña, declinó así entrar «en el fondo de la protesta» pero sí indicó que, sea cual sea su finalidad, esta debe cumplir «los cauces establecidos y la legalidad vigente porque los asaltos nunca pueden ser el camino normal de un comportamiento ciudadano porque al final eso lleva a la anarquía. Como responsable de una organización muy seria, no entendemos esta vía», sentenció.