El Ayuntamiento de Toledo sigue enviando recibos de IBI urbano a los propietarios de terrenos urbanizables a pesar de las sentencias (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional) que han decretado que este tipo de suelo debe ser considera rústico mientras no cuente con un PAU aprobado (programa de actuación urbanizadora) o con infraestructuras para su desarrollo (calles, agua, luz).
Andrés García Vaquero, portavoz de la Plataforma de Afectados por el IBI, advierte de que como consecuencia de los recibos desorbitados que muchos agricultores no pueden pagar pesa sobre ellos el aviso de desahucio y lamenta que el nuevo equipo de Gobierno municipal no haya movido ni un dedo para intentar arreglar una situación «injusta y declarada ilegal por los tribunales». El embargo, de producirse, vendrá por Hacienda pero será a iniciativa del Ayuntamiento de Toledo, subraya, para cobrarse las deudas pendientes.
Máxime cuando el Catastro ha pedido información al Ayuntamiento para identificar esos terrenos que cumplen los requisitos establecidos en las referidas sentencias y que a esta Plataforma le ha comunicado que los efectos del cambio de clasificación tributaria tendrán efectos retroactivos, desde el uno de enero de este año 2015. Por lo tanto la recaudación de esos recibos urbanos está llamada a tener que devolverse, eso sí, obligando a interponer el consiguiente recurso.
García Vaquero asegura que la tensión a la que se ven sometidas estas personas es mayúscula porque si los embargos se ejecutan no sólo se arriesgan a perder sus casas sino los terrenos que son su puesto de trabajo y la fuente de sus ingresos. La Plataforma va a solicitar reuniones a todos los partidos municipales, en especial a los dos que gobiernan, porque es su última esperanza de hacerles comprender el drama por el que atraviesan estas familias.
Dicho esto, el portavoz de la Plataforma quiere insistir en dar a conocer su opinión contraria al recurso de amparo que ha promovido el Ayuntamiento ante el Tribunal Constitucional para defender la legalidad del Plan de Ordenación Municipal.
Para este vecino de Toledo lo importante del proceso judicial es que los tribunales ya han dicho que el POM es contrario a derecho, que no se ha respetado el proceso de participación y que hay que retrotraer las actuaciones al trámite de información pública lo que significa que el terreno urbanizable debe considerarse rústico a todos los efectos a lo largo de todos los años anteriores.
Bajo su punto de vista el alegato del Ayuntamiento pidiendo la suspensión de ejecución de la sentencia por los perjuicios millonarios que ocasionaría a la cuidad es irreal ya que la anulación del POM haría entrar en vigor el plan general de 1986 y el desarrollo de la ciudad no se detendría.
El perjuicio se producirá, avisa, cuando empiecen a llegar las sentencias de devolución del IBI indebidamente cobrado todos estos años y recomienda a la nueva Corporación que tome las medidas oportunas para no empeorar el problema. Es decir, volviendo al argumento inicial, que corrijan ya los recibos de IBI, cambiando el urbano por el rústico.