Habían oído siempre que cerca del barrio había amianto, pero pensaban que estaba a más distancias, en las fincas más al sur, alejados de sus viviendas. Ellos eran los primeros convencidos de que no suponía un peligro inmediato para su salud o la de sus familias. Hasta que los vecinos de Vía Tarpeya y los socios del Club El Mirador se percataron de que el amianto, la muerte silenciosa, estaba más cerca, a tan sólo trescientos metros de las primeras viviendas.

Fue cuando los responsables de la Junta pidieron permiso al Club para poner captadores de amianto. Es entonces, explica Rafael García, vecino afectado y presidente de El Mirador, cuando, alarmados, deciden ver qué amianto hay y dónde está. Al final, pasan a la finca Ramabujas, donde la Asociación de Vecinos El Tajo lleva años denunciando la existencia de tuberías y lodos, «y vemos la cantidad de amianto que hay, totalmente expuesto, al aire libre; y vemos la distancia en primer lugar al Club, donde somos doscientas familias, y también a las casas». En ese momento «vemos todo lo que hay expuesto, y que no coincide con lo que dice las administraciones, con que eso está inerte, con que eso está enterrado o con que no supone un peligro, cuando nos saltan todas las alarmas, y pasamos de tener una actitud en la que nos informaban y escuchábamos las noticias con lejanía, a ver que tenemos un problema muy grave de salud, y decidimos tomar medidas al respecto, creando una plataforma que sea independiente y dé a conocer lo que nosotros acabamos de ver».

Casualmente, la vivienda de Rafael es la más cercana al amianto, a menos de trescientos meses. Es sólo una anécdota, porque como el amianto se expande por el aire, «realmente no sabe a quién le afecta», igual la contaminación está llegando al Casco histórico o a Nambroca, «pero lo que sí es seguro es que a los cientos de vecinos de viviendas de protección oficial a trescientos metros nos está afectando».

En esas circunstancias, explica Rafael, los vecinos del entorno, y quizás los de todo el Polígono, están pasando por el mismo proceso de transformación que el grupo de afectados que creó la Plataforma Mi Barrio sin Amianto: «cuando se lo empezamos a pensar, les parece que realmente no están en un peligro inminente, que no será para tanto, hasta que ven las fotos, vídeos y demás, llevamos a la gente o se lo señalamos desde Vía Tarpeya; ven que no está inerte, que no son tubos, sino fangos y polvos, lógicamente cambia su opinión, y tenemos en ese momento un vecino más que puede ser lo más beligerante en la defensa de su salud y la de su familia».

El amianto, apunta Rafael García, es malo desde la fibra número uno. Así lo confirman todos los técnicos consultados, no hay un índice de tolerancia a respirar amianto. Y una cosa es un entorno laboral, una horas, con sus trajes de protección y su vigilancia sanitaria, y otra muy distinta que los niños estén respirándolo las veinticuatro horas al día sin ningún control ambiental. Es decir, «lo de que no pasa nada es mentira».

Todavía hay otra cuestión que les alarma más. Los vecinos vieron cómo se descontaminó la fábrica de Ibertubo, con unas medidas de seguridad similar a la de residuos nucleares: equipos de protección individual para los trabajadores que les aislaban del medio ambiente, y un vertedero especializado. Mientras tanto, «tú ves el material que hay allí, y en el estado en el que está, y te dicen que no te alarmes». De ahí que «nosotros vamos a hacer todo lo que podamos para que se vea este problema, quiten lo que hay allí, y si no, nos tendremos que ir».

Iniciativas. La Plataforma Mi Barrio sin Amianto ha creado una página web, y ha comenzado dos recogidas de firmas, virtual y física, para pedir a las administraciones la retirada del amianto. Ha encargado camisetas y los afectados están presentes en los actos políticos importantes, «para que puedan visualizar a las personas que hay detrás de este problema, para que vean simplemente personas, no vean riesgos, no vean costos, sino personas afectadas».

La intención de la recogida de firmas, explica Rafael García, es presentar una carta a la Junta de Comunidades y al Ayuntamiento exponiendo el problema y solicitando que se retire el amianto. Está online y con firmas presenciales. La idea es poder presentar sus dossier informativos y demostrar a todo el mundo que el amianto no está inerte, «que no son unos tubitos», que vean en realidad la cantidad, la ubicación frente a las casas, y se tomen decisiones.

Al tiempo, a falta de mediciones oficiales, la Plataforma va a elaborar las suyas propias. Además, está planteándose personarse en la causa abierta en la Fiscalía como damnificados. Quieren abrir nuevas vías de investigación, no sólo de quién permitió los vertidos, sino también por qué se construyó tan cerca. «Porque para que nosotros seamos perjudicados por el amianto, desde mi punto de vista tienen que ocurrir tres cosas: una empresa que se dedicara a tirar el amianto al lado de las casas, una persona que hiciera la vista gorda a veinte o treinta camiones diarios y la falta de un estudio ambiental en la construcción de nuestras casas», apunta García. Es decir, el amianto se vertió entre los años ochenta y 2004, mientras que sus viviendas, de protección oficial, promovidas por la Junta, se entregaron en 2008. Desde su punto de vista, también es culpable quien construyó tan cerca del amianto sabiendo perfectamente que estaba allí.

Los vecinos ya han mantenido reuniones con responsables de la Junta a título particular, y destacan su empatía, aunque no ha habido contactos oficiales.

Ahora habrá que ver qué resultados da la comisión que ha constituido el Ayuntamiento. Para Rafael García, al menos ya ha sido un paso adelante. Porque «hasta ahora el discurso era que no pasaba nada, y ya el mero hecho de crear una comisión indica que hay una sensibilidad por parte de los políticos del Ayuntamiento, que varía sustancialmente lo que había hasta ahora». Sin embargo, es un paso positivo, pero no determinante, que puede quedar en nada. De ahí que la Plataforma vaya a estar muy vigilante de lo que hará la comisión. Reiteran los afectados la necesidad de crear un sistema de control continuo e información sobre «qué cantidad de amianto estamos respirando», lo que les serviría para vivir tranquilos el día a día o para irse.