Un total de 18 ayuntamientos españoles incumplen su deber de colaboración con el Defensor del Pueblo y llevan, en la actualidad, más de 100 días sin contestar los requerimientos de la Institución. Así lo daba a conocer la oficina del Defensor del Pueblo tras la presentación del balance de 2015 en el que apunta a los ayuntamientos de El Viso de San Juan y Gerindote, en Toledo, como ‘no colaboradores’ o ‘entorpecedores’. De este último, matiza que, «lleva sin responder 368 días, en una queja presentada por un ciudadano a quien dicho Ayuntamiento no contestó a su solicitud de información por la posible concesión irregular de una licencia urbanística».

A este respecto, la alcaldesa, Ana María Palomo, reconoce que existen escritos de vecinos a los que no se ha hecho caso, pero matiza que desde que ellos tomaron posesión tras las últimas elecciones municipales de mayo de 2015 «estamos tramitando toda la documentación posible».

«La secretaria se ha puesto con estos asuntos para contestar a todos los vecinos», señala Palomo, quien advierte no obstante que no se pueden realizar ciertas gestiones de un día para otro.

Ana María Palomo apunta también que desde que tomaron posesión del equipo de Gobierno de Gerindote hemos imprimido «un talante distinto porque cuando no tienes nada que ocultar y eres transparente mejor relación  y funcionamiento tienes con los vecinos».

 La página web del Defensor del Pueblo (www.defensordelpueblo.es) actualiza diariamente el listado de administraciones que no responden y que son consideradas por la Institución como ‘no colaboradoras’, tras haberles enviado requerimientos en tres ocasiones y en este caso la fecha que refleja del último requerimiento es del 10 de abril de 2015, previo a las elecciones.

En lo que a El Viso de San Juan se refiere, la fecha de salida de los requerimientos son de septiembre y refleja que son 214 los días  que lleva sin responder a una petición de «copia de las actas de los plenos municipales solicitadas» y «falta de acceso rodado a la Urbanización Los Rosales II».

Su alcalde, José Manuel Silgo, apelaba igual que su homóloga en Gerindote a la necesidad de más tiempo para tramitar la documentación ya que han tomado las riendas del consistorio tras las elecciones de mayo de 2015.

Según explicaba Silgo, uno de los graves problemas que tienen y de los que vienen multitud de quejas son la ocupación ilegal de viviendas vacías, «situaciones que ponemos en conocimiento tanto de la policía como del juzgado» sin respuestas satisfactorias. Y es que, explica el primer edil como los dueños -promotoras o bancos- no presentan las correspondientes denuncias no se puede intervenir. «De hecho -afirma Silgo- nosotros mismos hemos presentado ante el Defensor del Pueblo un escrito sobre este asunto».

El alcalde afirma que los propietarios legales de estas viviendas -promociones que en algunos casos tienen ocupantes legales por lo que se generan conflictos sociales y de convivencia- conocen la situación, «hemos hablado con ellos», pero por ahora no han intervenido.

El Defensor del Pueblo recuerda que todas las administraciones tienen la obligación de responder y colaborar con la Institución y remitirle la información solicitada y que en caso de no colaborar, el Defensor del Pueblo puede poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, según establece la Ley Orgánica que regula la Institución.

política social

El último informe del Defensor del Pueblo recoge en el apartado de Política Social recomendaciones que realizó al Ayuntamiento de Recas. La recomendación es de la pasada legislatura con el gobierno del PSOE (concretamente del 6 de febrero), en relación a la suspensión del aumento de la tarifa reguladora de la tasa del servicio de ayuda a domicilio, mientras no se modificara la ordenanza fiscal correspondiente.

El Defensor del Pueblo recoge en su informe que «al advertir un incremento de la participación de los usuarios en el costo del servicio de ayuda a domicilio y no acreditarse la modificación de la Ordenanza fiscal correspondiente, que data de 2004, se formuló un Recordatorio de deberes legales y una Recomendación para que se deje sin efecto la subida hasta tanto no se modifique, como es de rigor, la normativa municipal. La cuestión afecta a personas mayores y personas en situación de dependencia».

El documento también señala que la Corporación municipal, tras esta recomendación, «dejó sin efecto las tarifas y recalculó la aportación de los usuarios, tanto dependientes como no dependientes, reduciéndola a la cuantía mínima». Ahora bien, señala el informe del Defensor,  «se apreció que la modificación de la Ordenanza no había sido objeto de publicación oficial, por lo que se formuló un nuevo recordatorio para que se subsane este defecto formal».

ADMINISTRACIÓNDE JUSTICIA

Varias son las quejas relaccionadas con esta administración en Castilla-La Mancha, pero según recoge el informe 2015 del Defensor del Pueblo y en el apartado de Registros Civiles competencia del Estado, las quejas se centran en el de Illescas por la insuficiente dotación de medios humanos. A este respecto, resalta el informe, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)ha reconocido su colapso y la necesidad de crear un nuevo juzgado, conforme a lo recomendado por esta institución, que también recomendó incrementar la dotación de medios humanos.

Sin embargo, la Secretaría de Estado de Justicia consideró que era suficiente con los dos tramitadores de refuerzo con los que cuenta el mismo desde mayo de 2009 y julio de 2014, respectivamente.

educación

En este apartado no podían faltar referencias a Seseña. La insuficiente capacidad de las instalaciones del CEIP ‘El Quiñón’,  y la escolarización de una buena parte de su alumnado en aulas prefabricadas ha sido objeto de actuaciones ante la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la que se ha requerido información que permita conocer la situación del centro y las iniciativas adoptadas para ampliar, de ser necesario, la capacidad de sus instalaciones, refleja el informe del Defensor del Pueblo.

La Consejería reconoció, como no podía ser de otra manera dada la evidencia, que la situación se ha ido solventando desde el año académico 2012-13  con estas aulas prefabricadas mientras se inició el proceso para licitar la construcción de un nuevo colegio privado dadas las carencias presupuestarias, licitación que sigue en curso.

Ante estas circunstancias el Informe del Defensor califica de «indadecuado» el uso de los prefabricados como solución y tilda de «imperativa la creación y construcción de instalaciones destinadas al nuevo centro docente que exige el volumen de la demanda escolar del barrio».

sanidad

La Sanidad tiene numerosas quejas al Defensor del Pueblo que hizo un llamamiento al Sescam, que asumió la propuesta, para que personas inmigrantes sin autorización de residencia en España y con graves procesos de salud, recibieran atención sanitaria continuada que requerían.

Sin embargo, el Defensor echa un rapapolvo al Complejo Hospitalario de Toledo porque «todavía no se han resuelto los problemas reflejados en el informe del pasado año» en relación a la continuidad asistencial de dos pacientes   (uno con cardiopatía isquémica y el otro con un proceso de cáncer de cérvix).

También en materia sanitaria,   el Defensor recoge que en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, y en consonancia con la Recomendación y Sugerencia formuladas, el Sescam se ha comprometido a modificar los criterios para aplicar los ciclos de tratamiento en la fecundación in vitro, en casos de parejas con un hijo no común, pasándolo de uno a tres ciclos, salvo razones clínicas en contra, y a citar a las interesadas para actualizar la información clínica.

Asimismo las listas de espera quirúrgicas tienen su referencia en el informe de 2015, quejas que han motivado Recomendaciones e incluso Sugerencias. Además reconoce el Defensor que en el seguimiento de alguna Recomendación formulada en el año 2014, se ha comprobado su aceptación y puesta en práctica en el año 2015 como en los servicios de Traumatología, cirugía bariátrica y en consultas externas y en técnicas o pruebas diagnósticas en Toledo.

taxi

Un taxista residente en Numancia de la Sagra tuvo que recurrir al Defensor ya que la Comunidad Autónoma de Madrid le negaba la renovación de la licencia de taxi por no residir en Madrid.

Este profesional exponía que esta negativa le impedía  contratar empleados, ya que el Ayuntamiento madrileño no le expedía la tarjeta identificativa del conductor sin ese requisito, además de una sanción grave que puede conllevar la retirada temporal de la licencia.

En este asunto, el Defensor del Pueblo apeló al derecho fundamental de libertad de residencia que reconoce el artículo 19 de la Constitución Española. Las actuaciones en este caso continúan abiertas y se han ampliado a la Dirección General de Carreteras, dado que el origen de esta restricción podría hallarse en la normativa estatal.

Actividades insalubres

Casos de emanaciones insalubres o malolientes, procedentes de chimeneas de edificios de viviendas o unifamiliares y de fábricas también han sido objeto de queja ante el Defensor del Pueblo desde Toledo.

Respecto a la cuestión de las fábricas, se cita el caso de una en Madridejos que ocasiona molestias por malos olores y plagas de insectos procedentes del almacenaje de orujo y restos de uva, ya que se encuentra ubicada en el núcleo urbano, rodeado de viviendas. Recoge el informe que el Ayuntamiento se ha dirigido a la Diputación provincial y a laJunta para solicitar asistencia, aunque también se plantea realizar mediciones de olores a través de una empresa de servicios medioambientales.

Y es que le recuerda el Defensor que el Ayuntamiento «puede y debe» comprobar la adecuación de la actividad a los límites que permite la normativa para que la misma tenga un funcionamiento inocuo. En caso de no ser así, el  debería requerir al titular de la actividad para que, en un plazo concreto, introduzca las medidas correctoras, a fin de que se subsanen las molestias que se venían produciendo.

El Ayuntamiento informóal Defensor de que va a realizar visitas a la actividad y que es intención de la mercantil ubicar el almacenaje de la uva en otro lugar para que cesen las molestias, así como que la Junta está a punto de emitir un informe tras haber inspeccionado la fábrica.

transporte

La queja de un ciudadano que reside en Argés y que trabaja en el hospital de Toledo motivó una recomendación que fue aceptadaque era equiparar la expedición de la última hora con los autobuses urbanos de Toledo. Este ciudadano carecía de transporte público para regresar a su domicilio ya que el último servicio era a las 21,00 horas y su salida del trabajo era a las 22,00 horas.