Ya hay fecha para el juicio del caso CCM y será prácticamente siete años después de la intervención de la antigua Caja regional por parte del Banco de España.  La Audiencia Nacional celebrará el juicio contra el expresidente de Caja Castilla-La Mancha y exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Ortega a partir del 2 de febrero de 2016, según han informado a la agencia Europa Press fuentes jurídicas.

Hernández Moltó y Ortega se enfrentan a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel por un delito societario que habrían cometido al falsear las cuentas de la entidad. Además del día 2 de febrero, en el que está previsto el comienzo de la vista oral, el Juzgado Central de lo Penal ha fijado el calendario de sesiones para los días 3, 4, 9, 10 y 11 de febrero.

El Ministerio Público, que no acusa a los dos exdirectivos del delito de administración desleal por el que el juez Pablo Ruz les investigaba ni reclama responsabilidades civiles, señaló que tanto Hernández Moltó como Ortega llevaron a cabo «una maniobra contable» para que los estados financieros de la entidad reflejaran unos beneficios de 29,86 millones en lugar de 182,2 millones de pérdidas.

Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que alcanzó los 9.000 millones de euros. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad.

 Anticorrupción, que también solicitó que los dos acusados sean inhabilitados durante dos años y medio, considera que el 10 de febrero de 2009, con la «aquiescencia» de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su «situación financiera real».

En concreto, los gestores de CCM registraron el deterioro de las participaciones en tres sociedades inmobiliarias (Afirma, Colonial y Parquesol) como «ajustes de valoración dentro del patrimonio neto en lugar de incluirlo en la cuenta de resultados», que presentaba un saldo antes de impuestos de 93 millones de euros.

 «Teniendo en cuenta que esas minusvalías alcanzaban a 31 de diciembre los 212,1 millones de euros, el resultado del ejercicio debía haberse aminorado en ese importe», señala el escrito de acusación antes de apuntar que también habrían resultado negativos los estados consolidados de CCM a la misma fecha, que reflejaban «un ficticio beneficio antes de impuestos 29,86 millones de euros». En relación con la calificación de créditos, el fiscal apunta que existía «un déficit de provisiones específicas de 57 millones de euros sobre los 245 millones exigidos».

De esta forma, los gestores de la caja castellano-manchega sortearon las obligaciones impuestas por el Banco de España y lograron evitar que la caja presentara pérdidas de 119 millones en los estados individuales y de al menos 182,2 millones en los consolidados.

Las nuevas cuentas, aprobadas después de la intervención de la caja y el nombramiento como administradores de tres funcionarios del Banco de España, reflejaban un resultado negativo en el ejercicio de 2008 de 762 millones en los estados individuales y de 1.066 en el consolidado.

La Fiscalía no cita en su escrito las operaciones y los perjuicios económicos que causaron en la entidad una serie de operaciones de captación del crédito en los que el juez Ruz constataba «una notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación».