Mientras la incógnita sobre la presunta soledad de Artur Mas sigue centrando el debate político catalán, la Generalitat ya ha puesto en marcha el operativo para que los catalanes puedan votar en el sucedáneo de referéndum ideado por el president para el 9 de noviembre. El objetivo parece claro: que el proceso participativo (en ningún momento se habla de consulta para evitar prohibiciones) sea un éxito. Para eso, el Govern utilizará colegios de la red pública y locales cedidos por los ayuntamientos para que sea posible votar en el 99,9 por ciento de los municipios catalanes. Solo nueve pequeñas localidades catalanes no tendrán urnas.

La Generalitat habilitará 6.430 puntos de votación que estarán situados en 938 de los 947 municipios de la región, según informó ayer la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Joana Ortega. Para saber dónde hay que ir a votar, el Govern creará un apartado específico en internet, y los ciudadanos también podrán llamar al teléfono 012 para que les faciliten estos datos. Además, hasta el momento, se han registrado para ser voluntarios 30.231 personas, de los que 6.210 son funcionarios.

 Estarán llamadas a las urnas 5,4 millones de personas mayores de 16 años que residan en la Comunidad o bien que se hayan inscrito en el registro de catalanes en el extranjero de la Generalitat. Como no puede utilizarse el censo electoral ni otras bases de datos oficiales, todo votante deberá tener un DNI o un documento de extranjería donde se concrete que tiene domicilio en el territorio catalán.

 El Govern no prevé que los resultados se difundan en la noche del día 9: su objetivo es poderlo hacer el lunes 10, aunque estos datos serán provisionales, ya que hay un plazo para poder votar de forma anticipada. Asimismo, entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre, habrá un período de «deliberación», en el que las Administraciones públicas y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales deberán facilitar espacios para fomentar el debate.

El coste del proceso participativo no se ha hecho público, aunque será «un poco inferior» a la estimación inicial de casi nueve millones de euros que había hecho el Ejecutivo catalán tras firmar el decreto de convocatoria del 9-N, porque ahora no será necesario movilizar a personal de la Generalitat ni de los ayuntamientos y solo se hará con voluntarios.

En cuanto, a qué hará el Govern si el Estado recurre al Tribunal Constitucional este proceso participativo, Ortega remarcó que la votación está amparada por el Estatut y que el Alto Tribunal no puede impedir que los catalanes piensen y se expresen sobre algo que les preocupa: el futuro de Cataluña.

El Constitucional. Precisamente, el órgano de garantías ya tiene sobre la mesa toda la documentación necesaria para poder entrar en el fondo del debate sobre las impugnaciones presentadas por el Gobierno contra la Ley de Consultas catalana y el decreto por el que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, convocó la consulta del 9 de noviembre, a la que finalmente ha renunciado en favor de un proceso de participación popular.

 Con independencia de que el referéndum no parezca ser ahora el objetivo de la discusión política, la maquinaria judicial sigue su curso, aunque fuentes del Constitucional señalaron que es muy difícil que el asunto vaya a tratarse en el Pleno que se celebrará la primera semana de noviembre.