E. P. / F. J. R. | TOLEDO

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado el próximo 24 de noviembre como imputado al exalcalde de Toledo José Manuel Molina en la causa en la que investiga la adjudicación en 2007 del contrato de recogida de basuras de la ciudad a la empresa Sufi (actualmente Valoriza Servicios Medioambientales) que se realizó, según declara el extesorero Luis Bárcenas, «a cambio de una donación de 200.000 euros para financiar la campaña de la presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal».

Ruz ha citado además como testigos para el mismo día al actual alcalde de la ciudad y secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al diputado nacional del PP Sebastián González (responsable de organización nacional del PP en 2007) y al por aquel entonces viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo y el actual director de presupuestos y contabilidad municipal.

Molina, alcalde cuando se aprobó una modificación del contrato de basuras que, según la Intervención General del Estado (IGAE), supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos legales, está imputado en una causa que investiga posibles delitos con contra la administración pública de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

   El magistrado de la Audiencia Nacional apunta que todos los anteriormente citados participaron en la concesión del contrato en alguna de sus fases, según la reconstrucción de los hechos efectuada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que ha analizado la adjudicación partiendo de «las entregas de dinero en efectivo por un total de 200.000 euros efectuadas por Bárcenas al gerente del PP, el gerente José Ángel Cañas».

El auto concreta que Molina participó en la Junta de Gobierno en la que se ratificó el contrato y especifica que otro de los citados, Sebastián González, es la persona a la que Bárcenas identificó como el que presuntamente habría trasladado el supuesto interés por parte de María Dolores Cospedal de plantear «un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo».

Ruz advierte en su auto que realizará todas las diligencias de instrucción necesarias «para completar la investigación de los hechos puestos de manifiesto por el imputado Bárcenas al efecto de constatar la realidad o no de los mismos y el grado de participación que en ellos hubiera podido tener persona o personas aforadas» antes de decidir si se inhibe de este asunto a los juzgados de Castilla-La Mancha.

El magistrado también tomará declaración como testigos, un día después, a cinco trabajadores de la empresa Sufi.

Además, requiere al PP para que, «a la mayor brevedad» y como máximo en cinco días, aporte a su Juzgado los estatutos o normas de régimen interno vigentes en los años 2006 y 2007 en la formación en Castilla-La Mancha.

El juez Ruz da así un paso más en la investigación de una presunta donación de 200.000 euros que, según el extesorero del PP Luis Bárcenas, la empresa Sufi, filial de Sacyr, realizó al PP de Castilla-La Mancha a cambio de la adjudicación del contrato de recogida de basuras de la ciudad de Toledo, inicialmente previsto con un coste de 6,13 millones de euros anuales durante un periodo de diez años. Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) encargado por el magistrado revela que el coste del contrato se elevó en 11,3 millones de euros, «omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho».

En su declaración ante el juez Ruz del pasado 15 de julio de 2013, Bárcenas vinculó este contrato a una donación para sufragar la campaña de la candidata del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de la formación, María Dolores  Cospedal. El extesorero dijo que las entregas de dinero que recibía el PP «jamás fueron finalistas, salvo una, en Castilla-La Mancha».

Según el extesorero, Cospedal se encargó de poner en contacto al entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, y el consejero delegado de la firma y actual presidente, Manuel Manrique, con Vicente Tirado, secretario general del PP de Castilla-La Mancha.

El gerente del PP castellano-manchego, José Ángel Cañas, se encargó de redactar en febrero de 2007 un recibí por importe de 200.000 euros aunque aseguró ante el juez Ruz que lo hizo «al dictado» de Bárcenas, al que llegó a calificar de «violento», y sin llegar a percibir nunca ninguna cantidad.