Dos años después de que el Tribunal Supremo confirmara la nulidad de la urbanización Z-9 de Chozas de Canales, cuando la mayoría de sus 344 viviendas llevaban casi una década vendidas y habitadas, la amenaza de derribo llama ya a las puertas de las casas. El Juzgado de lo Contencioso Número 1 de Toledo ha puesto en conocimiento de los vecinos de este barrio la petición del vecino que en su día denunció este PAU de que la nulidad se ejecute por la vía de la demolición de todo el complejo residencial. Lógicamente, los habitantes han empezado a organizarse para evitarlo.
Desde hace 10 días, en que el Juzgado ha empezado a notificar por carta las pretensiones de derribar el barrio, los habitantes del Z-9 han celebrado varias asambleas informativas para intentar coordinar sus alegaciones en contra. Según ha explicado uno de los vecinos, José Calderón, estas reuniones han contado con una gran afluencia, unas 200 personas, ante la lógica inquietud de que la posibilidad de demolición venga reflejada negro sobre blanco en un escrito judicial.
Según explicó Calderón, miembro de un grupo de vecinos que mantiene contactos con la Asociación de Vecinos del Z-9 y el Ayuntamiento, el propósito es aunar al mayor número posible de afectados en una misma representación legal, para reducir los costes de abogados y facilitar una resolución satisfactoria de este pleito. Aún así, matizó que su grupo todavía no tiene un letrado designado y avanzó que algunos propietarios de viviendas ya han contratado por su cuenta abogados para asegurarse una defensa propia de sus intereses.
Defenderán sus hogares.
En el complicado conflicto de la urbanización Z-9, los propietarios reclaman no ser los únicos paganos con el derribo de unas casas que han convertido en su hogar desde hace años. Calderón recuerda su propio caso, ya que compró la vivienda sobre plano en 2002 y en 2004 empezó a vivir en ella tras suscribir sin ningún problema la correspondiente escritura de propiedad y la hipoteca que desde entonces viene pagando religiosamente, al igual que los impuestos municipales. Se estima que cada unifamiliar del Z-9 fue vendido de primera mano por unos 120.000 euros, por lo que el barrio generó para su promotor -el fallecido constructor Felipe Barbarroja- una facturación de unos 40 millones de euros.
«Yo era desconocedor de todos los problemas que había» explica sobre las irregularidades urbanísticas que ya llevaron al Tribunal Superior de Justicia a declarar la nulidad del PAU en 2007.
Este vecino del Z-9 comenta que no se descarta pedir alguna responsabilidad al Ayuntamiento a la vista de cómo acabe este conflicto para ellos, tras recordar que el problema se inició con una defectuosa aprobación municipal de su PAU. Aún así, diferencia entre el Consistorio de entonces y el de la actualidad, ambos gobernados por el PSOE. «Ahora, sí se están preocupando», explica detallando la oferta municipal de darles una subvención para contratar un abogado y la actual redacción de un POM que legalizaría el Z-9.
En cuanto a la posibilidad de buscar algún arreglo con el vecino que insta la demolición, no se plantea por el momento toda vez que éste sólo plantea que se cumpla la sentencia de nulidad demoliendo. «No se puede buscar una solución alternativa a alguien que no entiendes lo que pide, porque en el procedimiento no hay otras peticiones como que se le resarza económicamente», comenta.