La Tesorería de la Seguridad Social ha aceptado abrir negociaciones con la Junta sobre la propuesta del Gobierno regional de adquirirle la parcela del poblado chabolista de El Cavero, en Olías del Rey, con el fin de organizar el proceso de desahucio de la antigua residencia de inválidos, declarada en ruina, y el realojo de sus aproximadamente 150 ocupantes.
Así lo ha confirmado el delegado de la Junta, Javier NIcolás, en una comparecencia ante la prensa. El pasado jueves, se recibía una carta del organismo estatal en el que se solicitaba al ejecutivo autónomo que nombrara representantes con los que dialogar sobre la operación de compraventa. Por parte de la Junta, asumirá las negociaciones personal de su Dirección General de Patrimonio.
Nicolás espera que el precio de la parcela no sea elevado habída cuenta que su catalogación es dotacional y no ofrece posibilidades de una revalorización para un futuro uso residencial. Esta circunstancia, añadió, no será óbice para que la junta ponga en marcha su plan de instalar prefabricados para alojar a los ocupantes del poblado mientras se procede a la demolición de la vieja residencia y al realojo de los afectados en viviendas sociales.
El delegado explicó que los prefabricados serán alojamientos estrictamente provisionales, que darán refugio a los ocupantes sólo el tiempo necesario hasta que se les pueda facilitar una vivienda definitiva. Además, señaló que la parcela dispone de suministros de agua y electricidad, que han estado utilizando los inquilinos sin que se planteara hasta ahora ningún problema.
Nicolás comentó que esta solución ya ha sido expuesta a los propios residentes de El Cavero, a los que se ha pedido que vayan haciéndose a la idea de abandonar el edificio y que respeten el futuro vallado que se pondrá en torno a él antes del derribo, para evitar posibles accidentes.
El responsable de la Junta insistió en que el Gobierno regional es la única administración que está actuando para resolver el problema social que supone realojar a las personas sin recursos que ocupan la vieja residencia. «Ni el Ayuntamiento (de Olías) ni la Tesorería de la Seguridad Social han movido ficha hasta ahora», remachaba.
Hace falta más tiempo.
Preguntado por el tiempo que será necesario para culminar este realojo, Nicolás no pudo precisarlo. Explicó que, a la hora de acomodar a los afectados en las viviendas sociales de que dispone la Junta, estos no pueden pasar por delante de las otras 136 familias necesitadas de la provincia que ya estaban inscritas en la lista para solicitarlas. «Sería una injusticia», apuntaba el delegado. Por ello, reiteró que los alojamientos provisionales en la parcela son ahora la solución más factible mientras se efectúa el Plan Social para el reacomodo definitivo.
Nicolás quiso agradecer su comprensión al titular del Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Toledo, responsable de regir el desahucio instado por la Tesorería. El juez aceptó reunirse con el delegado, que le explicó los trámites que se estaban siguiendo para el realojo, y convino en conceder un nuevo aplazamiento para el desahucio, que ha quedado fijado para el próximo cinco de noviembre.