La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvo ayer a más de una decena de personas en una operación en la Comunidad de Madrid por supuestos delitos económicos relacionados con las clínicas dentales de Vitaldent. Entre ellos, está el dueño de la franquicia, Ernesto Colman, acusado de un supuesto fraude fiscal y del que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sospechaba que tenía previsto cerrar repentinamente el negocio, quedarse con el dinero y fugarse al extranjero.
La operación Topolino continúa abierta y es fruto de numerosas denuncias que investiga la Fiscalía Anticorrupción por supuesta malversación contra la Hacienda Pública, blanqueo y estafa a franquiciados. El montante del fraude investigado asciende a más de 10 millones de euros.
El dueño de la sociedad, Ernesto Colman, exigía a sus socios que le pagasen hasta un 10% de sus beneficios que no declaraba a Hacienda y que, según la Fiscalía, evadía fuera de España, entre Suiza y Luxemburgo, y después lo reinvertía en otros bienes como inmuebles, fincas rústicas, coches de lucho, caballos de purasangre o un avión de un millón de euros.
La Agencia Tributaria y la Policía llevaban más de dos años tras este industrial, después de descubrir a su exmujer con grandes cantidades de dinero que traía de Suiza. La juez que ordenó los registros de este grupo bloqueó los saldos bancarios que encontró repartidos entre 25 entidades bancarias, así como cinco millones de euros en activos de dos Sicav.
Entre los 13 detenidos figuran, además de Colman, el vicepresidente de la firma, Bartolomé Conde, y el director comercial, Vicente Sanper. En total, la Policía Nacional practicó 15 entradas y registros, entre ellos en la agencia de publicidad NC Advertising, propiedad del citado empresario.
Tras la operación, tanto la Policía como la Fiscalía garantizan la continuidad de las clínicas Vitaldent en España. El Ministerio Público, incluso, apuntó en un comunicado que serán los propios franquiciados los que se deberán ahora de encargar de sus centros hospitalarios dentales.
FUTURO INCIERTO. Ante la incógnita de qué va a pasar ahora con los franquiciados y los clientes de Vitaldent, la AEF avanzó que abrió un expediente por no cumplir los requisitos del código deontológico al no tener una gestión limpia y transparente, a la vez que sostuvo que se trata de una red profesional que lleva desde los años 90 trabajando y dispone de un amplio equipo directivo.
En este contexto, la organización de Consumidores y Usuarios (OCU) mostró su preocupación por lo que esta investigación pueda perjudicar a sus clientes y pacientes, por lo que su recomendación es que conserven cualquier documento que demuestre su vinculación con la cadena y los servicios acordados, como presupuestos o facturas.
Asimismo, recomendó posponer los nuevos tratamientos y que quienes tengan un servicio ya contratado pueden proceder a cancelarlo, en el caso de que dejen de atenderles según lo convenido.
Además, animó a los pacientes a que denuncien cualquier irregularidad, anomalía o cambio de las condiciones contratadas.
Por su parte, el Consejo General de Dentistas de España exigió al Gobierno un cambio legislativo y la regulación del sector de la Odontología para poner coto a un modelo empresarial que antepone el interés económico a la salud de los pacientes.
Finalmente, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, lanzó un mensaje de tranquilidad a las clínicas franquiciadas de Vitaldent ya que, en principio, no se tendrían que ver afectadas por la operación abierta contra la cúpula de esta organización.