Los cinco integrantes de la Junta Directiva de la Demarcación en Toledo del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha han presentado su «dimisión en bloque» por considerar que la orden de la directiva regional de cobrar cuotas atrasadas a los colegiados «podría constituir una vulneración del libre ejercicio de la profesión» e infringir la Ley de Defensa de la Competencia. La situación es curiosa porque el acuerdo regional de cobrar se decidíó a instancias de ellos si bien hay diferencias sobre las medidas coercitivas.

Él cese en su funciones es la única salida que han encontrado al verse entre la espada y la pared ya que el Colegio regional les ha advertido de que podrían adoptarse medidas contra ellos «por la gravedad que se deriva del incumplimiento de nuestras obligaciones». El lunes se pondrá en marcha el proceso electoral.

El documento de la dimisión tiene fecha de 18 de febrero, está firmado por el presidente Juan Manuel Rivas, el secretario Emilio Sánchez Bonilla, el tesorero Juan Gutiérrez, y los vocales Julia Fernández de León y José Carlos Rojo. Ese mismo día fue registrado en el Colegio regional al igual que han hecho con otro escrito, fechado el 26 de febrero, donde explican las razones por las que dejan sus cargos e informan que el tesorero y el secretario quedan en funciones hasta que se produzca el relevo.

En realidad la carta va dirigida a todos los arquitectos de Toledo y comienza narrando que durante los tres años de mandato se han enfrentado a «la mayor crisis económica que ha pasado el Colegio en sus 29 años».

Para sortearla, se han llevado a cabo «medidas inéditas» como despidos, derramas o la venta de obras de arte que, junto a un política «sostenible», ha logrado «prácticamente equilibrar» los ingresos y los gastos. Mantenerse depende ahora de que las cuotas por visados «al menos no disminuyan» y la buena noticia es que empiezan a repuntar aunque sea despacio.

Según explican, precisamente una de sus decisiones fue recaudar las deudas atrasadas por cuotas de visados que algunos arquitectos no habían pagado. Unos se pusieron al día, otros no respondieron y algunos «niegan que tengan deudas colegiales».

El Colegio de Castilla-La Mancha, «a instancias» de la directiva de Toledo y las de otras demarcaciones, aprobó facilitar a los colegiados diversas «opciones» para el pago de las deudas.

Veto al que no pague. Sin embargo el acuerdo  para hacer efectivo el cobro presenta sombras jurídicas y diversos despachos de abogados que han consultado avisan de que «se puede vulnerar el libre ejercicio de la profesión incorporando trabas administrativas contrarias a la competencia e imponiendo trabajas económicas discriminatorias a un porcentaje limitado de arquitectos ejercientes». El problema es que a quien no pague se le negarán nuevos visados y, por lo tanto, no podrá trabajar.

De seguir adelante, la Comisión de Defensa d ella Competencia «podría sancionar» al Colegio regional, a las demarcaciones «y a todos sus colegiados» con una multa que «podría llegar hasta los 600.000 euros», amén de anular el acuerdo.

La directiva de Toledo indica que «ha tratado por todos los medios a su alcance rectificar la aplicación del acuerdo» con un recuso ante el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y aprobando «su suspensión» en asamblea extraordinaria, aunque no ha servido de nada.

Como colofón, la directiva de la Demarcación de Toledo informa que trasladará a la Comisión de la Competencia «toda la documentación disponible» para que, en caso de que considere el acuerdo del Colegio regional «contrario a la legislación vigente, y por tanto sancionable», exima a la organización de Toledo y a todos sus colegiados del pago (de la multa) «al haber intentado por todos los medios a su alcance la paralización de su ejecución en tanto no se pudiera acreditar la transparencia y equidad jurídica del mismo».

En todo caso, la directiva toledana defiende que las deudas de los colegiados se pueden y deben reclamar «con los medios que dispone el Colegio de carácter estatutario y otros que de manera legal se puedan utilizar, con el fin de regularizar esta situación».