La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha decidido abrir juicio oral contra el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera, Fernando Presencia, por presunta prevaricación judicial. Según informó ayer en nota de prensa el propio TSJCLM, el procedimiento se inició desde la Fiscalía de Castilla-La Mancha con la interposición de una querella motivada por la actuación del magistrado en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales al frente del juzgado del que es titular.
A raíz de la interposición de esta querella por parte del Ministerio Fiscal, que motivó la incoación por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM de diligencias previas el 4 de noviembre de 2015, el magistrado-instructor designado para este procedimiento ha practicado todas las actuaciones pertinentes, considerando justificado transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado por auto con fecha de 4 de enero de 2016. Esta resolución ya ha sido confirmada por la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJCLM en auto con fecha de 8 de febrero de 2016, es decir, el lunes de esta misma semana.
Tras esta resolución, y una vez formulado el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el magistrado-instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM dictó el miércoles pasado un auto por el que se acuerda la apertura de juicio oral contra el magistrado Fernando Presencia Crespo, titular del Juzgado citado antes, al que el Ministerio Fiscal acusa de un delito de prevaricación judicial.
Según recoge el auto de apertura de juicio oral, el Ministerio Fiscal señala que Presencia, durante la tramitación en su juzgado de unas diligencias previas abiertas por delitos de lesiones imprudentes y omisión del deber de socorro en las que estaba imputada una persona, en el curso de la diligencia de toma de declaración del imputado «procedió a dictar en la misma diligencia de declaración un auto oral de sobreseimiento provisional en relación con el delito de omisión del deber de socorro y de sobreseimiento libre y de transformación a falta por las lesiones imprudentes».
Según el fiscal, el magistrado dictó dicha resolución «anómala» por su forma oral carente de cobertura legal, además de innecesaria en ese momento, y por tanto prematura, sin oír a las partes acusadoras y sin practicar diligencias para el conocimiento de los hechos, basados en el supuesto atropello de un peatón y posterior fuga. Entre estas diligencias está la declaración de un testigo, la solicitud de un informe forense o el conocimiento del atestado de la Policía Local.
Por estos hechos el Ministerio Fiscal ha solicitado para el magistrado en su escrito de calificación provisional una pena de 18 meses de multa, y la inhabilitación especial por el tiempo de 15 años para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta.
A la vista de los hechos reseñados, el instructor de la Sala de lo Civil y Penal considera también los mismos indiciariamente constitutivos de un delito de prevaricación judicial y procede acordar la apertura de juicio oral contra el magistrado.