El Gobierno y los agentes sociales se comprometieron ayer a poner en marcha en octubre un plan de recuperación del empleo y mejora de la protección social que dará prioridad a parados de larga duración, con cargas familiares, que vivan en hogares sin ingresos laborales y con baja formación, especialmente, mayores de 45 años. Este proyecto se recoge en un documento de 21 página acordado con la patronal y con los sindicatos, que la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, presentó tras la reunión mantenida con los agentes sociales en el Palacio de la Moncloa, y que estuvo presidida por el líder del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

 La popular avanzó que, de momento, el Gabinete se encuentra trazando un «mapa» entre el Estado y las comunidades autónomas para conocer el «universo» de personas a atender. La clave radica, según sus palabras, en qué potenciales beneficiarios abordar. Así, dejó claro que «hay que trabajar de verdad en quien lo necesita, en las situaciones que no atiende ni el Estado ni las comunidades autónomas». «Hay que ver el colectivo más afectado», apuntó, para apostillar que «los datos de los sindicatos hay que contrastarlos con el resto de interlocutores sociales y con las cifras que maneja el Gobierno».

En la misma línea, señaló que el Gabinete es «consciente» de que hay familias con todos sus miembros en paro, a los que «hay que acompañar hasta que vuelvan a trabajar», y recordó que el Ejecutivo lleva desde 2011 ampliando el sistema de protección con medidas como la ampliación del Plan Prepara hasta los 450 euros al mes.

Mientras, los sindicatos presentaron, de forma particular, una propuesta, más concreta, que no quiso valorar la ministra de Empleo, para establecer una ayuda adicional, también desde octubre, para los 500.000 hogares sin ingresos con su cabeza de familia en paro, con una financiación de 2.500 millones.

«Esta prestación debería ser de efectos inmediatos, en octubre, para que, de forma progresiva, el nivel de protección básico llegara a esas personas e ir discutiendo el establecimiento de una renta básica garantizada que complete el conjunto de la protección de la red social», subrayó el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.

 Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, remarcó que la patronal «no pone reparos» a la creación de una ayuda para parados como ésta, que también está en línea con la propuesta formulada por el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aunque éste la cuantificó en más de 4.000 millones de euros.