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Satisfechos porque la Justicia les está dando «la razón», tras años de sufrimiento, pero cansados por el tiempo que se está dilatando el problema y por las «gravísimas consecuencias» que ha dejado por el camino, como «varias familias arruinadas». El portavoz de la Plataforma de Afectados por el Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) de Toledo, Andrés García Vaquero, explica que el colectivo está preparando un recurso para reclamar la ejecución de sentencia del Tribunal Supremo que establece que un suelo calificado urbanísticamente como urbanizable debe tener fiscalmente el tratamiento de rústico si no cuenta con un PAU aprobado que lo desarrolle y, por tanto, «que impide cobrar IBI urbano a suelos que aunque estén calificados como tal pero que no se han llegado a desarrollar», advierte.

El portavoz detalla que será en septiembre cuando el abogado de la plataforma tenga listo el recurso y añade que también reclamarán la solicitud de la devolución retroactiva de los recibos cobrados «de forma indebida» por el Ayuntamiento de Toledo en concepto de IBI desde que se aprobó el Plan de Ordenación Municipal (POM) en 2007.

«Hemos estado pagando por maizales una barbaridad de dinero, hasta el punto de arruinar a familias enteras y esperamos que la Justicia acabe dándonos la razón y el Ayuntamiento nos devuelva todo ese dinero que ha cobrado de más a costa de 300 familias de Toledo», apunta García Vaquero.

El representante del colectivo suscribe el informe jurídico elaborado por la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) para analizar las consecuencias de la sentencia, un estudio que destaca que el fallo tiene carácter retroactivo lo que significa que los ayuntamientos deberán devolver cantidades millonarias a los afectados.

El informe de Fedeto establecía que la repercusión hasta 2013, solo en la capital regional, puede cifrarse en cuatro millones de euros anuales, lo que supondría seis años en entredicho dado que el POM se aprobó en 2007. Unas cifras que la plataforma dice desconocer con exactitud, teniendo en cuenta que ha habido propietarios que se han visto obligados a dejar de pagar en los últimos años sus recibos «al haberse quedado en la ruina», explica.

Lo que sí tiene claro García Vaquero es que el Ayuntamiento debería girar como rústicos en 2015 los recibos de IBI de estos terrenos. «La sentencia es muy clara, nuestro suelo está sin desarrollar y si el Consistorio siguiera cobrando como urbano estaría haciéndolo en contra de una sentencia judicial que conoce», insiste.

García Vaquero recuerda que desde este año en Toledo está vigente una ponencia parcial que reducía el valor catastral de los suelos urbanizables por lo que la recaudación municipal va a ser menor que años atrás, «aunque, en cualquier caso, muy superior a si tributásemos como rústicos, es decir, como debemos», advierte.

Y es que, el portavoz de la plataforma explica que con la revisión parcial «pagamos una cantidad bastante menos que las barbaridades que nos han cobrado hasta ahora, pero aún así mucho más de lo que deberíamos».

En números absolutos, García Vaquero detalla que años atrás el metro cuadrado de los terrenos de labranza afectados en el Polígono, Santa Bárbara y Azucaica estaba valorado en unos 130 euros, «como si en lugar de maizales o viñas tuviésemos casas», y en la actualidad tiene una valoración de unos 15 euros. «Aún así es mucho más de lo que vale, ya que los informes que han elaborado diferentes peritos lo estiman en unos dos euros».

Además, el portavoz de la plataforma recuerda que esta sentencia del alto tribunal «ratifica lo que llevamos años denunciando» y «no solo afecta al IBI» sino también a los impuestos de sucesiones y donaciones o las plusvalías, es decir, el impuesto sobre el incremento de los Valores de los Terrenos de Naturaleza Urbana. «Se han generado problemas familiares gravísmos por este tema y el Ayuntamiento, siendo consciente de ello, ha seguido asfixiando», lamenta.