El presidente de la Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores de Talavera (Apovata), sostiene que las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en relación a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el IBIse contradicen y tienen «errores de base». Jiménez explicó en este sentido que, si como dice la FEMP, la sentencia del Tribunal Supremo no es aplicable a esta ciudad ni a ninguna concreta, «parece que carece de sentido pedirle al Catastro que acople sus valoraciones a lo que es la sentencia».
En concreto, en la circular remitida desde la FEMP a los ayuntamientos, de la cual informó ayer este diario, queda recogido que la Comisión Técnica de Cooperación Catastral ha acordado proponer la aprobación de una reforma del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario que recoja nuevos criterios de clasificación del suelo de naturaleza urbana y de valoración de los suelos urbanizables que no dispongan de un planeamiento de desarrollo, acordes con la sentencia del Tribunal Supremo.
De igual manera, el presidente de Apovata aseguró que hay «errores de base» en lo que dice la FEMP, que dictamina que la sentencia no tiene efectos jurídicos directos sobre las situaciones jurídicas particulares ni anula las ponencias de valores aprobadas a la fecha del fallo ni respecto de los valores catastrales de los bienes inmuebles calculados en su aplicación, que por no haber sido impugnados en su momento han adquirido firmeza. En este sentido, explicó que en Talavera, a través de Apovata, se han presentado 83 recursos contra la ponencia de valores. De ahí que, a su juicio, el hecho de que desde la FEMP se afirme que los precios que ha aplicado la ponencia de valores están «legalizados» porque no ha habido ninguna impugnación es «un error absoluto y lo único que intenta es confundir a la gente».
Jiménez recalcó que hay ciudadanos que, a través de acciones individuales y colectivas, han recurrido la ponencia de valores, por lo que «no se puede afirmar que lo que ha dicho el Tribunal Supremo no es aplicable».
De otro lado, el presidente de Apovata reprochó que la FEMP se esté «echando aceite hirviendo sobre una situación que es sangrante», cuando desde los ayuntamientos se están alcanzando determinados acuerdos con los vecinos afectados, dijo.
Desde Apovata consideran que en Talavera, al estar recurrida la ponencia de valores, «se puede hablar de que devuelvan los IBI que se han cobrado indebidamente como consecuencia de que las valoraciones no corresponden a lo que dice el Tribunal Supremo».
No obstante, Jiménez apuntó que lo que toca ahora es «esperar» para ver si se produce un cambio en la normativa o si hay una sentencia judicial al respecto para Talavera, aunque «los municipios tienen que moverse», como se ha hecho en la ciudad, con las bonificaciones para los terrenos afectados, dijo. Sin embargo, el presidente de Apovata recalcó que desde la FEMP sostienen que el Catastro debe acoplar sus valoraciones a la sentencia del Supremo, lo que supone que «de una forma o de otra, está creando jurisprudencia».