El PSOE renuncia a urbanizar el suelo industrial: «no es el mejor momento»

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El Ayuntamiento consigue que los tribunales ratifiquen el proyecto de reparcelación pero se olvida del reto lanzado por el alcalde sobre «tomar la iniciativa» para la ejecución del PAU

El PSOE renuncia a urbanizar el suelo industrial: «no es el mejor momento» - Foto: Yolanda Lancha

La urbanización del suelo industrial (el PP-11 del Plan de Ordenación Municipal) ha caído en el olvido. En noviembre de 2013 el alcalde de Toledo lanzó un órdago a la Junta de Comunidades: o sacaba el concurso en un plazo de un año o «la ciudad de Toledo tomará la iniciativa para la ejecución propia». Toda esa contundencia se diluyó con el voto en contra de IU (el del PP era esperado) y trece meses más tarde en la Concejalía de Urbanismo reconocen que no se ha dado ni un paso para convertir el «anuncio» en realidad.

En el Ayuntamiento alegan que «no es el mejor momento» para embarcarse en este tipo de proyectos  (lo mismo que lleva diciendo la Consejería de  Fomento desde principio de legislatura) aunque insisten en que más pronto que tarde será obligatorio abordar la ampliación del suelo industrial porque Coca-Cola sigue esperando.

El propio Emiliano García-Page, durante el debate del estado de municipio, indicaba que tenía «la confirmación de que todos los compromisos adquiridos por lo que antes era una embotelladora que se llamaba Casbega, ahora son asumidos, ya directamente, por Coca-Cola Iberia Partners».

Con el fin de no dejar escapar una inversión que vendría acompañada de trescientos empleos  directos y otros tantos indirectos el alcalde daba un paso más adelante muy decidido.

«Vamos a dar un plazo a la comunidad autónoma, dos plazos: Uno primero para que saque a concurso el proyecto para la urbanización de suelo industrial y que lo oferte además en esa oferta global, universal, mundial de suelo de toda Castilla-La Mancha que ha hecho la presidenta de la región. Y si pasado ese plazo, es decir, calculo, no menos de un año, entre seis meses, un año, si pasado ese plazo no lo han cumplido la ciudad de Toledo tomará la iniciativa para la ejecución propia. No vamos a dejar escapar esta ocasión. No es que seamos cabezones, es que simple y llanamente es bastante lamentable».

La encargada asumir el trabajo era la Empresa Municipal de la Vivienda pero anda atareada en otros negocios y no ha movido ni un papel para promover un nuevo programa de actuación urbanizadora (PAU) seguramente porque no quieren correr el riesgo de que lo anulen los tribunales, como ya ocurrió con el primer intento que llevó a cabo la Junta (todo lo que deriva del POM corre la misma suerte en cuanto se presenta un recurso).

Así las cosas durante este año las administraciones local y regional han limado asperezas y hace muy poco el alcalde firmaba con la consejera de Fomento un acuerdo para que el PP-11 quede incluido en el mapa de suelo industrial de Castilla-La Mancha («esa oferta global, universal, mundial de suelo» de la que hablaba en el discurso del debate de la ciudad). El resultado práctico se puede ver en internet (http://visores.castillalamancha.es/suelo_industrial/) con el plano del sector sobre el que se explica el uso de las parcelas (industria, dotación, verde), las que están vacantes (en este caso todas) y las ocupadas (ninguna, ni siquiera la de Coca-Cola).

sentencia favorable. A lo largo del año el Ayuntamiento ha hecho otro movimiento relacionado con el PAU industrial, esta vez en los tribunales donde ha ganado a la Junta de Comunidades un recurso de apelación contra la impugnación del proyecto de reparcelación presentado por la Dirección General de Urbanismo.

En primera instancia los tribunales admitieron la demanda de un particular, anularon el acuerdo de la Junta de Gobierno local y dejaron sin efecto la obligación de constituir una Entidad Urbanística de Conservación para el mantenimiento de las obras de urbanización.

Al no haberse creado este órgano por parte de los propietarios privados del terreno la Junta de Comunidades  solicitaba que se mantuviera la impugnación (suspensión cautelar del acto administrativo recurrido)  ante el riesgo de que le toque asumir los gastos de mantenimiento.

Pero la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la región indica que el Ayuntamiento ha cumplido la ley, que no existe un riesgo de perjuicio irreparable y que como las obras no han dado comienzo esa posibilidad de verse perjudicada «se ve minimizada».