El concejal de Economía y Hacienda, Arturo Castillo, ha asegurado que el Ayuntamiento actuará en relación a la petición de Apovata sobre el IBI urbano para terrenos urbanizables sin visos de desarrollo una vez haya sentencia judicial que así lo dictamine para Talavera o se modifique la ley tras la sentencia del Tribunal Supremo que sienta jurisprudencia en este sentido.

Castillo aseguró que, desde el principio, desde el Ayuntamiento han entendido el planteamiento de Apovata, que rechaza tener que pagar un IBI urbano por un suelo urbanizable que no se desarrollará al menos en un plazo de 50 años. «Por eso hicimos las bonificaciones este año, dependiendo de lo lejos que el terreno estuviera del centro urbano, del 15, del 30, del 50 y del 70 por ciento».

No obstante, Castillo añadió que donde Apovata ha de conseguir lo que plantea es en los tribunales «porque hay una ley nacional que obligaba al Ayuntamiento de Talavera a gravarlo de esta manera».

«Cuando salga la sentencia de Talavera, estaremos encantados de cumplirla porque creemos que es justa», reconoció el concejal, quien quiso recalcar que, hasta entonces, no se pueden «saltar la ley nacional». Una vez se modifique dicha ley o siga el periodo  normativo que establece, se procedería a la devolución de los ingresos cobrados de forma indebida hasta entonces.

El concejal cifró en unos 400.000 euros los ingresos que percibirán este año las arcas municipales por estos terrenos, si bien la sentencia establece que la anulación no afectaría a aquellos donde se ha acometido una actuación urbanística o cuentan con un plan parcial aprobado.

La devolución afectaría a los tributos cobrados desde 2013 y de ella se descontaría la bonificación aplicada.