El exalcalde de Ocaña, el ‘popular’ José Carlos Martínez Osteso, negó toda posible prevaricación urbanística en la concesión de licencias urbanísticas por él y su Junta de Gobierno en los años 2005 y 2006. Así lo señaló en el inicio del juicio a él y otros cuatro ediles de la época (el actual teniente de alcalde Tomás Vindel y los exconcejales Luis de Tell, Santiago Ontalba y Amelia Hervás) por su gestión urbanística. La vista se celebra en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Toledo y está previsto que concluya hoy.
Martínez Osteso llevó la voz cantante en el interrogatorio al que fueron él y los demás acusados, al ser el único que aceptó preguntas de la acusación particular planteada por el PSOE ocañense. El exalcalde señaló que muchas de las decisiones que han motivado la denuncia socialista contaban con la contradicción de que el informe legal de la secretaria municipal era desfavorable pero el técnico, emitido por el arquitecto del Ayuntamiento, sí era aprobatorio. Osteso comentó que en estos casos, como se recoge en la ley regional de urbanismo (Lotau) y reconocía la propia secretaria, el informe que tiene primacía es el del arquitecto como experto urbanista.
Pero a esto, Osteso añadió que los citados informes, según la legislación, eran «preceptivos, pero no vinculantes» y deja margen para aceptar proyectos que, sin tener el visto bueno de los funcionarios, respeten lo existente en zonas ya urbanizadas. Con este argumento se defendió ante la enumeración hecha por el letrado del PSOE, Carlos Luis Toledo, de al menos una decena de licencias concedidas sin ningún informe a favor. Citó como ejemplo las construcciones como naves agrícolas o talleres autorizadas en polígonos como La Picota, El Collado o el corredor de la antigua N-IV, con edificaciones construidas hace unos 40 años y que cuentan con servicios como pavimentación o alcantarillado. El exalcalde señaló que en estos «núcleos consolidados» sería «injusto no dar los permisos» cuando alcaldes anteriores sí autorizaron proyectos similares.
Una explicación similar dio a una segregación de una finca autorizada para una construcción , señalando que la finca ya estaba separada de facto por una carretera.
El resto de concejales procesados corroboraron la versión de su jefe de filas. Una visión diferente de las cosas fue la que expuso el portavoz del PSOE de Ocaña , Francisco Javier Ramírez Cogolludo, que denunció estos hechos junto a sus compañeros de grupo. Cogolludo comentó que sólo actuó al llamarle la atención la sucesión de permisos urbanísticos aprobados por la Junta de Gobierno Municipal pese a la falta de informes favorables.
Destacó como ejemplo de que su denuncia estuvo motivada el detalle de que este tipo de aprobaciones se redujeron drásticamente cuando fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía en 2006, un año antes de las últimas elecciones ganadas por Martínez Osteso.
Normas urbanísticas con versiones diferentes en Ocaña y Toledo.
Esta controversia debería poder zanjarse mirando las Normas Subsidiarias de Ocaña, la normativa urbanística vigente en la localidad desde 1981. Sin embargo, el juicio ha servido para poner de manifiesto que de la misma normativa existen dos versiones diferentes, una que usaba el Ayuntamiento de Ocaña y otra que empleaba la antigua Delegación de Fomento de la Junta en Toledo.
Esta cuestión no es baladí, toda vez que la Fiscalía ha presentado acusación contra el alcalde y los concejales por aprobar proyectos residenciales en calles teóricamente reservadas para industrias. Esta interpretación se avala en sentencias de la Jurisdicción contenciosa contra el Ayuntamiento de Ocaña instadas por la Junta en la pasada legislatura.
Sin embargo, el abogado defensor, Víctor Sánchez Beato, hizo constar una declaración de los actuales Servicios Periféricos de Fomento de que su ejemplar de las Normas Subsidiarias ofrece diferencias respecto al usado por el Ayuntamiento. Este último, como explicó el arquitecto municipal, permite entender estas calles como zonas mixtas para uso industrial y residencial.
Resulta difícil saber cuál de las dos versiones es la correcta, ya que en el momento en que se aprobaron las Normas ocañenses no era obligatoria su publicación en un boletín oficial.