«El Gobierno va a cumplir cabalmente la sentencia». Con esta frase sentenciaba ayer el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas la polémica por la ejecución de la sentencia del TribunalSupremo que obliga a la Junta a readmitir a los interinos despedidos el verano de 2012. Por la mañana, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, Leandro Esteban aseguró que se atenderá a todos y cada uno de ellos de manera individualizada y que el Ejecutivo también «toma nota» de los comentarios suscitados en los últimos días.
Comentarios que atribuyó como «gran instigador» al secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, al mismo tiempo que arremetió contra «los sindicatos que ahora se rasgan las vestiduras y antes se callaban cuando el gobierno socialista perdía dos sentencias de media al mes». En este sentido, apuntó que el gobierno anterior perdió unas 300 sentencias en materia de Función Pública, muchas de las cuales vulnerando derechos fundamentales.
Ya por la tarde, en el pleno de las Cortes, donde también se debatió sobre esta sentencia de los interinos, Esteban recordó que este año, de los 2.716 procedimientos que han tenido que ser atendidos por el gabinete jurídico de la Junta, el 73% concluye con sentencias total o parcialmente favorable. Y añadió que algunas de las que tienen resolución negativa proceden de «averías» que se hicieron en los tiempos del anterior Gobierno.
La petición del PSOE no prosperó.
Las explicaciones del consejero no convencieron a los diputados del PSOE, que ayer presentaron en las Cortes una resolución en la que directamente pedían la dimisión tanto del consejero de Presidencia, Leandro Esteban, como del director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente. Los diputados del PP, que son mayoría, refrendaron la actuación en materia de empleo público del Gobierno y no secundaron los ceses que pedía la oposición.
El portavoz del PSOE, Luis Santiago Tierraseca, empezó pidiendo a sus compañeros que no le aplaudieran durante su intervención. «La gravedad del tema es tal que lo que procedería es un minuto de silencio por esas personas que fueron despedidas», expuso. Recordó que han pasado 811 días desde que se suprimieron las plazas que ocupaban esos interinos y que, por lo tanto, causó su despido. Según los cálculos de los sindicatos, ahora habrá que gastar 28 millones para pagar la indemnización de todos los meses que no ha trabajado. «Cada día nos cuesta 35.715 euros, cada hora 1.488 euros, cada minuto, 25 euros», enumeró. Dirigiéndose al consejero, le espetó:«Yo no le voy a pedir la dimisión, le voy a decir que ahí está la puerta».
El portavoz del PP, Francisco Cañizares, defendió las medidas que tuvo que activar el Gobierno hace tres años. Llegó a pedir perdón a los afectados, pero apoyó a un Gobierno «que tomó las decisiones que tenía que tomar, aunque fueran difíciles». Recordó que en esas fechas «aquí no se pagaban las medicinas, los comedores escolares, ni los autobuses».