Decenas de agentes de la Policía Nacional se desplegaron ayer de madrugada en torno a la avenida Río Alberche de la urbanización Calalberche de Santa Cruz del Retamar, cuyos accesos cortaron para proceder a la detención de una pareja. Los vecinos observaron alarmados la abundantísima presencia policial que continuó durante horas. Se trataba de una operación para desarticular una célula yihadista con un total de diez detenidos en una operación conjunta española y marroquí. En este sentido, las investigaciones sospechan que se dedicaban al adoctrinamiento y la captación de individuos para enviarlos posteriormente a los territorios bajo control de Estado Islámico (también llamado Daesh) en Siria e Irak. Según ha informado el Ministerio del Interior, este grupo, especialmente activo, centraba sus actividades principalmente en la captación de mujeres.

Entre los diez detenidos, seis fueron arrestados en la ciudad marroquí de Casablanca y cuatro en España, concretamente en Badalona (Barcelona), Xeraco (Valencia) y Santa Cruz del Retamar. Entre los arrestados en España, hay dos mujeres de nacionalidad marroquí y dos hombres: uno de ellos de origen marroquí con nacionalidad española, y el otro un musulmán converso de nacionalidad portuguesa.

Según detalló el alcalde de Santa Cruz del Retamar, Alberto Fernández, los detenidos en este municipio toledano son una pareja. La mujer es hija de una familia numerosa que se afincó hace alrededor de una década en esta urbanización de 2.000 parcelas localizada a unos 20 kilómetros del casco urbano. La detención se efectuó ayer en la vivienda de los padres, ubicada en un bloque de pisos de la avenida Río Alberche.

«Estaba lleno de policías nacionales», comentaba el regidor, quien se enteró hacia las ocho de la mañana de la operación por el aviso de un vigilante municipal del mercadillo que se celebra cada domingo en esa zona.

Sin embargo, los vecinos apuntaron ayer a este diario que hacia las 6,30 horas habían detectado ya la fuerte presencia policial tanto dentro como fuera del edificio. «Cuando me han dicho qué era, me he acojonado», apuntaba un testimonio.

Tras las diez detenciones, las fuerzas de seguridad han procedido a registrar sus domicilios en los que se ha intervenido material informático y documentación, todo ello pendiente de ser analizado.

Todos ellos formaban parte activa presuntamente de esta red con dimensión internacional que operaba principalmente en España y Marruecos. Interior da por neutralizada «una plataforma muy activa cuyo fin principal era la de incrementar de forma continuada los activos de la organización terrorista Daesh».

Según las investigaciones, el grupo había establecido ya una serie de ramificaciones en escala en España y Marruecos, creando conexiones de ámbito internacional que alcanzaban el contacto con terroristas ubicados en zonas de combate. Esto les permitía disponer de datos en tiempo real de las circunstancias que facilitaban o impedían los desplazamientos de voluntarios a engrosar las filas del Estado Islámico.

El proceso de funcionamiento del grupo desarticulado se iniciaba cuando alguno de sus miembros mostraba públicamente su pleno y absoluto compromiso con la organización terrorista Daesh, justificando sus acciones terroristas y acatando totalmente su ideario, principalmente en las redes sociales.

A partir de ahí, la labor de captación del entramado se dirigía principalmente a sujetos que interactuaban con la red, mostrando afinidad ideológica respecto a sus planteamientos, lo que propiciaba la conexión con sujetos radicales, cuyo proceso de captación se veía acelerado. Posteriormente, la red procedía al aislamiento de los nuevos miembros, siendo autorizadas sólo las relaciones entre los componentes del grupo.

Una vez seleccionados los candidatos, y finalizado el proceso, se daban las instrucciones concretas para perfeccionar el desplazamiento a la zona de combate de destino, en el momento y de la forma oportuna. La transmisión del ideario yihadista se realizaba en comunicaciones con un elevado grado de privacidad, que conseguían mediante el uso de plataformas virtuales de comunicación, también usadas como filtro de seguridad.

La operación corresponde a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y la DGST de Marruecos, en coordinación con las Brigadas de Información de las Jefaturas de Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia, dirigidos por el Juzgado Central de Instrucción Número 5, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.