a Fiscalía Anticorrupción solicita dos años y medio de prisión para el expresidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, y su exdirector general, Ildefonso Ortega,, por falsear la cuentas de la entidad.

En concreto, la Fiscalía acusa a Hernández Moltó y a Ortega de llevar a cabo una «maniobra contable» para que las cuentas de la entidad al cierre de 2008 presentarán unos beneficios de 29  millones de euros, y no los 192  millones de pérdidas que luego constató el Banco de España tras la intervención de la entidad, en marzo de 2009.

Como apunta Anticorrupción, el 10 de febrero de 2009 Ortega envió al Banco de España los estados financieros y consolidados públicos de CCM al cierre del ejercicio anterior, donde se ignoraban los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 a la entidad y que  no reflejaban la «situación financiera real». Todo ello con la «aquiescencia» de Hernández Moltó.

Este ‘maquillaje financiero’ estaría localizado en el registro del deterioro de las participaciones en tres sociedades inmobiliarias (Afirma, Colonial y Parquesol) como «ajustes de valoración dentro del patrimonio neto», cuando deberían de haberse incluido  «en la cuenta de resultados», que presentaba un saldo antes de impuestos de 93 millones de euros, según advierte la Fiscalía.

 «Teniendo en cuenta que esas minusvalías alcanzaban a 31 de diciembre de 2008 los 212,1 millones de euros, el resultado del ejercicio debía haberse aminorado en ese importe», señala el escrito de acusación, antes de apuntar que también habrían resultado negativos los estados consolidados de CCM a la misma fecha, que reflejaban «un ficticio beneficio antes de impuestos 29,86 millones de euros».

En relación con la calificación de créditos, el fiscal también avisa de que existía «un déficit de provisiones específicas de 57 millones de euros sobre los 245 millones exigidos».

De esta forma, los gestores de la caja castellano-manchega sortearon las obligaciones impuestas por el Banco de España y lograron evitar que la caja presentara unas pérdidas de 119 millones en los estados individuales y de al menos 182,2 millones en los consolidados.

Como  aparece en el escrito fiscal, el 11 de marzo de 2009 estos estados financieros falseados se remitieron a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y «numerosos medios de comunicación nacional difundieron esta noticia» de suspuestos beneficios en CCM. Los resultados ‘reales’ no se dieron a conocer hasta después de la intervención del Banco de España en la entidad. En concreto, hasta el verano de 2009. Las nuevas cuentas, aprobadas  reflejaban ya un resultado negativo en el ejercicio de 2008 de 762 millones en los estados individuales y de 1.066 millones en el consolidado.

Este desfase se produjo, según Anticorrupción, por la necesidad que tuvieron los nuevos gestores de aprobar «una provisión de una financiación extraordinaria para superar sus dificultades transitorias de liquidez y así posibilitar el mantenimiento de su operativa y el cumplimiento de todas sus obligaciones frente a depositantes y acreedores en general».

 «Esta actuación de las autoridades impidió que nuevos depositantes o acreedores, confiados en la aparente buena situación financiera de CCM, según sus cuentas publicadas y difundidas por la CECA, contrataran con una entidad como CCM, que de no haber sido por la inyección de capital público, habría sido incapaz de atender en ese momento a las obligaciones contraídas», señala el fiscal.

Por otro lado, la Fiscalía no ve problema en los créditos de riesgo y deja fuera de su escrito los supuestos perjuicios económicos que causaron en la caja una serie de operaciones de captación del crédito.

Con esta petición formal de pena, el caso CCM da un paso más en su instrucción en la Audiencia Nacional, donde entró hace ya cuatro años, tras la querella presentada por un grupo de exconsejeros de la entidad, adscritos al PP.