La concejala de Empleo y responsable del organismo autónomo local de IPETA, Marisol Luqui, detalló ayer los problemas que encontró cuando se hizo cargo del servicio en 2011, cuando el PP accedió al Ayuntamiento. En rueda de prensa acompañada por el alcalde, Jaime Ramos, Luqui aseguró que tras solicitar un estudio detallado de las cuentas, comprobaron que el organismo «carecía de solvencia económica suficiente para hacer frente a ningún tipo de gasto por contratación y seguros sociales», lo que les llevó a retrasar varias mensualidad el pago de mensualidades a los trabajadores.

Por todo ello, afirmó, tuvieron que tomar medidas como la rescisión de contratos de algunos de sus trabajadores cuando éstos llegaban a su fin «siendo imposible su prórroga» siendo actualmente de cinco personas la plantilla y no de 10-12 nóminas como era anteriormente.

La solicitud de este estado de cuentas dejó entrever que estaba aún pendiente de cobro partidas de talleres de empleo de los años 2009, 2010 y 2011 hasta mayo, además de varias certificaciones ya justificadas a través del Fondo Social Europeo y de los programas CREA y CREA2. El Plan Especial de Choque y facturas a varias proveedores estaban igualmente sin cobrar, algo que lo que hicieron frente a través del FLA y del Ayuntamiento talaverano, explicó Luqui.

Esta «caótica situación» obligó al organismo municipal a renunciar a subvenciones ya concedidas y a un proyecto de taller de empleo «porque no estábamos en disposición ni siquiera de pagar los seguros sociales».

Luqui destacó que tras analizar estas cantidades pendientes de cobro el importe aproximado de lo adeudado al organismo por diferentes administraciones «superaba con creces el millón de euros, concretamente 1.140.068,39 euros», por lo que redujeron contratos, racionalizaron consumo, dieron de baja de líneas innecesarias y prescindieron del gerente de IPETA que costaba más de 58.000 euros anuales y que era un cargo de libre designación del anterior Gobierno.  

Con todo ello, añadió la responsable, se redujo el ratio de morosidad de más de un año a 15-20 días y se mejoró la gestión económica y de programas organizada por el servicio local, «batalla principal encomendada por el alcalde, teníamos que conseguir que fuera eficiente con la consecución de nuestros objetivos, la creación de empleo y la dinamización de la localidad».

Así, Luqui recordó que ya el año pasado consiguieron un remanente positivo de 750.000 euros y este año de más de un millón.