Las dos horas y media de la discordia. El Ayuntamiento de Toledo está dispuesto a sumarse a la ampliación de jornada prevista para los funcionarios de la Administración Central y los de la Junta de Comunidades, ya que la Junta de Gobierno del 18 de enero aprobó la medida. Sin embargo, el equipo de Gobierno municipal se ha encontrado de frente con los sindicatos, sorprendidos por su actitud porque un cambio de jornada como el que se pretende, es decir, pasar de 35 horas a 37,5 horas semanales, exige una negociación sindical previa a su aprobación, con independencia de que se alcance o no un acuerdo.
Por tanto, la Junta de Personal ha tomado la decisión de no presentarse a ninguna de las tres mesas sectoriales convocadas -Policía, Bomberos y Oficinas- a lo largo de la mañana en protesta por la postura del equipo de Gobierno, ya que considera ilógico sentarse a recibir la información de una decisión que debería someterse a una negociación con los sindicatos. Dada la situación, ninguno de los sindicatos acudirá a las convocatorias de negociación a partir de ahora hasta que la Junta de Personal no se reúna con el alcalde, al que han solicitado una entrevista para debatir este asunto y tratar de dar marcha atrás a esta decisión. En este caso, tienen claro que los funcionarios de una administración municipal no están obligados a someterse a un cambio como el previsto en el ámbito nacional en base al reciente Real Decreto para que el conjunto del sector público estatal tenga una jornada de trabajo con un promedio semanal de 37,5 horas.
A pesar de que el Ayuntamiento quiere acogerse lo antes posible a esta «medida urgente en materia presupuestaria, tributaria y de financiación para la corrección del déficit público», como recoge en el informe de la Junta de Gobierno Local, los sindicatos consideran que la administración se ha dejado llevar exclusivamente por el artículo 94 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, «que señala que la jornada de trabajo de los funcionarios de un ayuntamiento será el cómputo anual de la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado». Si bien, entienden que el equipo de Gobierno se ha olvidado del Estatuto Básico de los Trabajadores, que derogaría este artículo.
la normativa. La postura de los sindicatos se afianza en las distintas sentencias judiciales sobre el asunto, a pesar de que no existe jurisprudencia porque hay fallos a favor y otros en contra; en las consultas al Ministerio de Administraciones Públicas, desde el que se asegura que el Ayuntamiento puede no acogerse a esta medida; y, sobre todo, en la postura adoptada por muchos ayuntamientos en estas semanas, que se han negado a adoptar esas 37,5 horas semanales.
Al respecto, el secretario de UGT en el Ayuntamiento, Jesús Ferrera, comenta que en Segovia se ha terminado suspendiendo la aplicación del decreto tras las alegaciones recibidas e invita a Toledo a sumarse a los consistorios que no modificarán la jornada laboral.
Sin embargo, los sindicatos tienen claro que detrás de esta medida se esconde «un objetivo económico» para ahorrar dinero gracias a la ampliación de la jornada, sobre todo, en la Policía y en el Parque de Bomberos. Son conscientes de las necesidades económicas y del gran gasto en servicios extraordinarios, pero consideran injusta la medida «porque van a terminar pagando todos los funcionarios por el tema de las horas extras». A Ferrera le indigna la situación porque cree que «el tiempo ha terminado dando la razón» a las secciones sindicales que llevaban años pidiendo la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo y la adecuación de la plantilla para evitar la problemática.
La misma incredulidad comparte Javier Pina, delegado de CCOO. Sabe que un cambio de la jornada trae consigo nuevos cuadrantes laborales para los policías y los bomberos, pero lo que le llama la atención es la falta de concreción porque «está todo en el aire».