El concejal de Gestión de los Servicios; Gabriel González, aseguró ayer que la Junta de Comunidades adeuda al Ayuntamiento de Toledo 10.582.767,2 euros y, como consecuencia, la situación es «insostenible» y pone en riesgo la prestación de servicios públicos.

Según sus datos, casi la mitad (4,7 millones) corresponden a las obras del Palacio de Congresos; otra gran parte (2 millones) a impuestos como el IBI de los edificios oficiales; 1,4 millones a los planes de empleo; y el resto (sin especificar) a servicios sociales, escuela de música o convenios de financiación. Como solución, pide a la Administración regional que abone lo antes posible al menos una parte y que elabore un calendario de pagos para saber cuándo y cómo van a abonar la totalidad.

González dice que su intención dando a conocer el volumen de la deuda no es la de alarmar sino la de mostrar la «realidad» a la que se enfrentan el Ayuntamiento y, por extensión, las empresas concesionarias de servicios municipales.

En su opinión han llegado a un límite donde está en juego la supervivencia y recuerda que ya ha habido un caso de una contrata (la de parques) que rompió el contrato por no poder hacer frente a los pagos. «Somos sensatos, sabemos que hay crisis, y no pedimos para hoy la totalidad del dinero pero por lo menos que paguen algo», solicita.

Cerrar el quiosco. «Si nuestros ingresos han caído un 35% y la Junta de Comunidades no paga lo que debe, la situación se convierte en insostenible. El sistema se cae. Si seguimos así hay que cerrar el quiosco», se lamenta. Con este argumento justifica que el Ayuntamiento se haya decidido a imponer las tasa de basura y toda la otra serie de medidas para que los contribuyentes y los usuarios de los servicios públicos aumenten sus aportaciones al erario municipal.

Por otro lado acusa a la Junta de Comunidades de crear agravios comparativos ya que mientras en Guadalajara ha pagado parte de los planes de empleo en Toledo no ha desembolsado ni un euro del millón cuatrocientos mil que debe. «¿Por qué en Guadalajara sí y en Toledo no? Que lo expliquen», exige.

González cree que «hay que poner freno» porque en caso contrario las empresas van a decir que «se acabó» pagar a sus trabajadores y los ayuntamientos renunciarán a prestar ciertos servicios que no son de su competencia directa.