Los trabajadores de Correos en la provincia de Toledo realizarán varios paros parciales a principios del mes de mayo para defender la viabilidad de la empresa, y en contra del ‘apagón postal’ que comenzará el 1 de enero con la entrada en vigor de la nueva normativa europea del sector. Conjuntamente, los sindicatos inician un proceso de asambleas, recogidas de firmas, concentraciones y encierros de protesta. Y si no hay una solución, habrá una huelga general el 10 de junio.
Los sindicatos convocantes de las protestas son CCOO, CSI-F, el Sindicato Libre y CGT, que cuentan con más del setenta por ciento de los delegados de Correos. La plataforma sindical denuncia que año y medio después de que Europa aprobase la Directiva Postal que liberalizará por completo el sector, los ministerios de Hacienda y Fomento han ignorado el diálogo social, y no han hecho propuestas de ley postal, modelo financiero, plan estratégico o un plan de inversiones que haga viable a Correos. Por el contrario, lamentan los sindicatos que se han limitado a «recortar las inversiones en casi un cincuenta por ciento, a escatimar más de 160 millones para financiar el servicio público universal y a bloquear el plan estratégico». ¿En qué se traducen estas situaciones? La plataforma denuncia que Correos se está debilitando económicamente, con un déficit de 64 millones para 2009, que está previsto que se incremente hasta los 151 en 2010. Al tiempo, se ha producido una reducción de plantilla de dos mil personas durante el último año, que a juicio de los sindicatos, va a impedir a Correos ser competitivo y prestar un servicio en condiciones. En la provincia se está planteando el cierre de oficinas en turno de tardes, y no se sustituyen a personas en bajas o vacaciones, afirman los sindicatos. Además, está anunciado un recorte del veinticinco por ciento de las inversiones y del cuatro por ciento en gastos de personal, que para la plataforma se traducirá en la pérdida de tres mil empleos. Todo ello, concluye, se traducirá en la «muerte por asfixia» de Correos, que quedará tan sólo para servicios residuales, que no sean rentables para el resto de compañías.
Soluciones. La plataforma sindical cree que el futuro modelo postal español pasa por una financiación suficiente, una regulación del servicio postal universal y la competencia en base a la nueva direciva, una regulación del empleo y que Correos se consolide como operador público. Para buscar soluciones, ha emplazado a los ministerios de Hacienda y Fomento a una reunión para discutir un decálogo de propuestas.
La primera de ellas es la moratoria de la entrada en vigor de la normativa postal europea. Los sindicatos también demandan que Correos sea el prestador del servicio postal universal, como ha ocurrido en Francia. Igualmente, piden una competencia legal de los privados, derechos laborales mínimos para todos los trabajadores del sector, un sistema de financiación del sistema postal universal, un plan estratégico que diversifique servicios, un convenio colectivo con el objetivo de los 1.500 euros en el horizonte postcrisis, plantillas adecuadas y los mismos derechos que los trabajadores públicos
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