En plena campaña electoral de las últimas municipales, el entonces candidato del Partido Popular, Gonzalo Lago, dedicó una jornada a visitar a los hosteleros de la zona de El Parque. Manifestó entonces que su partido no estaba en desacuerdo con la reivindicación de la hostelería para extender la apertura de las terrazas de verano todo el año, siempre y cuando se cumpliera la ordenanza de ruidos y se garantizara el descanso nocturno de los ciudadanos que viven en las zonas de mayor concentración de locales. Lago anunciaba así un giro en la postura que bajo el mandato del PSOE venía manteniendo el Ayuntamiento con respecto al mismo asunto, durante el cual la oposición a la extensión de la temporada de terrazas había sido total.

Tras reunirse el pasado lunes con los representantes de los hosteleros, la concejala de Comercio y Turismo, Alicia Godoy, hacía pública la voluntad de modificar la ordenanza que regula la instalación de terrazas, con el fin de que se puedan mantener durante todo el año. En espera de que esto se produzca, se prorrogará durante un mes la temporada que iba a concluir con el mes de septiembre.

De esta forma, Talavera entra en la senda de muchos otros municipios que han optado por cambiar la regulación y autorizar las terrazas en invierno, a raíz del endurecimiento de la ley que limita el consumo público de tabaco. La medida debe ir en apoyo del sector hostelero, al igual que de los consumidores de tabaco, que en no pocos casos se confesaban acosados por una legislación que consideran en exceso restringida.

El papel del Ayuntamiento no finaliza, no obstante, con el cambio de la ordenanza municipal que afecta a las terrazas. Le corresponde también velar por el cumplimiento de esta y otras normativas, como la que regula el nivel de ruidos y vela por la normalidad de la convivencia y ocio. En ello se medirá el acierto de este cambio que los hosteleros llevan demandando con insistencia desde comienzos de año.

Y para ello no supone un buen arranque que el cambio se haya decidido sin contar con los vecinos, el frente más contrario al cambio en la regulación de las terrazas y al que había venido apelando el anterior gobierno municipal para no acceder a las demandas de los empresarios de hostelería. Poner de acuerdo o, al menos, acercar posturas entre todas las partes en conflicto es una obligación del gobierno municipal que, si se requiere, ha de actuar como árbitro. A falta de esta intervención, hosteleros y vecinos se van a reunir hoy para hablar de la práctica de esa apertura decidida por el consistorio.