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Mundo

07/09/2010

Francia retirará la nacionalidad a los foráneos que atenten contra policías

Pese a las advertencias de la UE, Sarkozy confirma sus planes de endurecer su política de inmigración y promete 30 años de prisión para quienes no respeten a las fuerzas del orden

Miembros de la Alianza Cívica de Rumanos se cubren el rostro con fotocopias de huellas, durante una protesta convocada frente a la Embajada gala en Bucarest.

Efe
efe / parís

El presidente francés, Nicolás Sarkozy, confirmó ayer sus planes de retirar la nacionalidad a galos de origen extranjero que atenten contra policías y gendarmes, y de llevar a cabo una reforma legal que permita expulsar a inmigrantes en situación irregular.
El Palacio del Elíseo detalló en un comunicado que durante los 10 primeros años tras la adquisición de la nacionalidad se les podrá retirar a los naturalizados franceses de origen extranjero que hayan atentado contra la vida de agentes del orden.
La calificación penal de esos ataques contra representantes de la autoridad se endurecerá, y sus autores recibirán castigos de 30 años de prisión, condena que no podrá ser reducida, y se añade que se fijarán penas mínimas para los delincuentes violentos en circunstancias agravadas.
En contra de lo que pretendía el ministro del Interior, Brice Hortefeux, finalmente no se retirará la nacionalidad a los naturalizados condenados por poligamia, según explicó el titular de Inmigración, Eric Besson, porque después de un examen jurídico se ha considerado que esa posibilidad sería censurada por el Consejo Constitucional. No obstante, avanzó que se van a «agravar las penas» por poligamia, al tiempo que negó que haya «habido un pulso» sobre esta cuestión entre él -contrario a que fuera motivo para retirar la nacionalidad- y Hortefeux.
El ministro Besson también descartó que en la enmienda preparada al proyecto de ley sobre la nacionalidad que desde finales de mes va a defender ante el Parlamento se vaya a incluir, como se había comentado en los medios de comunicación, una disposición para dificultar la adquisición de la nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en Francia.
Esa cuestión, puntualizó, «necesita un examen en profundidad» y para ello se designará una comisión o una personalidad. Besson advirtió, en cualquier caso, de que la idea de limitar el ius solis (derecho del suelo) «no se va a enterrar».

En apuros. El comunicado del Gobierno se conoció horas antes de que empezara en París una reunión con ministros europeos y canadienses sobre la inmigración irregular y el derecho de asilo de los extranjeros, donde el país anfitrión evitó discutir sobre las últimas expulsiones masivas de gitanos, asunto que ha puesto en tensión las relaciones entre el Elíseo y la Comisión Europea.
No obstante, y pese Besson trató de eludir el tema de las repatriaciones de gitanos rumanos y búlgaros de suelo galo, al final no pudo escapar a la polémica y se esforzó en defender ante la prensa la posición de su país.
En primer lugar, negó que se tratara de expulsiones colectivas y que su objetivo fuera la comunidad romaní, señaló que se trata del envío de «ciudadanos rumanos y búlgaros» a sus países y, sobre todo, insistió en que en este tema «Francia respeta escrupulosamente el derecho comunitario».
El titular de Inmigración anunció que su Ejecutivo está dispuesto a dar explicaciones ante la Comisión Europea; de hecho el presidente Sarkozy se reunió ayer con el líder europeo José Manuel Durao Barroso para aclarar la legalidad de esas decisiones.
El órgano europeo debe emitir un dictamen sobre el tema en los próximos días, que podría conducir a llevar la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE.    

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