La Junta ha formulado declaración de impacto ambiental negativa a la construcción de una planta de biomasa proyectada en una parcela del polígono Valdefuentes II de Pepino por el grave perjuicio que tendría para la población de la urbanización Gran Chaparral, situada a sólo 200 metros de distancia.

La resolución de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental fue publicada ayer en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, si bien los trámites para conseguir el permiso de la Consejería de Medio Ambiente se iniciaron en febrero de 2011. El promotor es Biomasa de Talavera, una sociedad con participación mayoritaria de Valoriza Energía, filial de la constructora Sacyr-Vallehermoso, que proponía una inversión de 40 millones de euros para poner en marcha esta central de generación eléctrica a través de biomasa obtenida en cultivos energéticos, residuos agrícolas, forestales y orujo seco desengrasado.

Hace unos meses, en la I Feria de Biomasa de la región, celebrada en Cuenca, el director de Plantas de Valoriza, Juan Luis Casimiro, anunciaba que el proyecto sería inaugurado en el año 2013 y que aportaría a la zona 25 empleos directos y otros 125 indirectos. También preveía que la central tendría capacidad para abastecer entre 4.000 y 10.000 hogares.

Sin embargo, este informe desfavorable obliga a replantearlo. De entrada, el Gobierno regional considera que la planta supondría un perjuicio para los residentes de El Chaparral por problemas de ruido y olores. También cree que produciría un impacto paisajístico negativo, debido a que se contempla la construcción de una chimenea de entre 35 y 40 metros de longitud que se podría divisar hasta en el núcleo urbano de Talavera.

La intención de Valoriza es distribuir la electricidad generada por la combustión de la biomasa a través de la subestación eléctrica de Talavera, situada a unos 100 metros. Precisamente, la Junta considera que el promotor ha primado la cercanía con la instalación de Iberdrola y con la red municipal de agua de Pepino -de la que captaría el suministro- para no barajar otras ubicaciones más alejadas de zonas pobladas.

En los fundamentos de inviabilidad que aparecen en la resolución se menciona que la planta funcionaría de forma ininterrumpida todo el año. Esa actividad afectaría a los residentes de la urbanización por el ruido y las vibraciones generadas por la caldera de biomasa y el aerocondensador, y por la producción de olores, ya que el orujo se almacenaría al aire libre. «Las medidas previstas por el promotor no son garantía suficiente», concluye la resolución, que insiste en los efectos «significativos» sobre el medio ambiente y, sobre todo, en la población.