Tal como había adelantado, IU inició ayer el proceso administrativo para impugnar la subida en el recibo del agua en la ciudad que ha tenido lugar en los últimos meses. La formación presentó un escrito de alegaciones ante el Ayuntamiento, dirigido al alcalde y firmado por el coordinador local de IU, José María Domínguez. En el documento recalcan que no se tiene constancia de que se haya producido ninguna modificación ni del Reglamento del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ni de las ordenanzas fiscales que justifiquen los cambios en la facturación producidos a partir de los meses de agosto y septiembre.
Incluso, apostillan desde IU, «aunque la subida que denunciamos se hubiese producido de forma legal y respetando los cauces reglamentarios establecidos, que no lo ha hecho, ni siquiera esta circunstancia cambiaría su carácter abusivo, desproporcionado e injustificado». Y es que el aumento de precio se produce «sobre un suministro básico que ya de por sí tiene en nuestra ciudad un precio comparativamente muy superior al de las ciudades de nuestro entorno y del resto del país», señalan.
En el documento presentado al Ayuntamiento, IU solicita que se le informe sobre los acuerdos que se han producido para cambiar el criterio en la facturación del consumo de agua. En caso de no existir, reclaman «la anulación de dicho cambio de criterio», así como la devolución «de los importes indebidos». La formación reclama que se vuelva a las bases de facturación que se venían aplicando hasta hace unos meses y advierte de la posibilidad de acudir a la justicia: «IU se reserva el derecho a recurrir a la vía contencioso administrativa y advierte de los graves perjuicios económicos que una posible solución judicial, dilatada en el tiempo, puede ocasionar en su momento a la economía municipal», explica el texto.
En declaraciones a este diario, Domínguez mostró sus dudas acerca de obtener una respuesta satisfactoria del Ayuntamiento: «Uno siempre confía en la buena voluntad de la gente, pero si nos atenemos a la experiencia, la respuesta puede ser el silencio administrativo». Respecto a su amenaza de acudir a la justicia señala que «así no se pueden hacer las cosas y mucho menos en cuestiones tan sensibles como son los precios de los suministros básicos».