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El calvario no ha concluido ni mucho menos. Tras esta sentencia, Baltasar Garzón tiene pendientes dos causas: la investigación de los crímenes del franquismo y el cobro de comisiones ilegales en unos cursos de verano en Nueva York. De todos modos, pase lo que pase -no le pintan nada bien las cosas en el segundo juicio-, no volverá a ejercer como juez, quedando muy lejano ese año de 1981 en el que se estrenó como tal, y 1988, cuando fue nombrado instructor de la Audiencia Nacional.
El magistrado, segundo de una familia de cinco hermanos, nació en Torres (Jaén) el 26 de octubre de 1955 en el seno de una familia de agricultores. Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Sevilla en 1979, asumió su primer destino en el juzgado de Valverde del Camino (Huelva). Su desembarco en la Audiencia Nacional se produjo el 29 de enero de 1988. En sus primeros años en el tribunal, centró su labor en la lucha contra la banda terrorista ETA, siendo el primer magistrado que se desplazó a Francia para interrogar a terroristas, así como la persecución del narcotráfico gallego, lo que comenzó a darle notoriedad gracias a operaciones como la Nécora.
En 1993, hizo un paréntesis en su carrera judicial y aceptó el encargo de Felipe González para entrar en política como número dos del PSOE por Madrid. Tras las elecciones, que el líder socialista ganó después de centrar su discurso en la lucha contra la corrupción, Garzón fue nombrado secretario de Estado del Plan Nacional contra las Drogas. Decepcionado, dimite y se reincorpora a la Audiencia Nacional en mayo de 1994, donde comenzó a investigar los GAL, por el que fueron condenados el ex ministro del Interior José Barrionuevo y su secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.
En 1998, el magistrado saltó a la fama internacional cuando ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet cuando se encontraba realizando una visita médica a Londres. Esta actuación puso la primera piedra de la denominada Justicia Universal, que la AN ejerce desde entonces para perseguir delitos de lesa humanidad como los cometidos en la base estadounidense de Guantánamo o países como China, Ruanda o Guatemala.
Ocho años más tarde, Garzón investigó al aparato de extorsión de ETA y heredó la pieza que su sustituto, Fernando Grande-Marlaska, abrió sobre el chivatazo que se produjo en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) durante una operación policial desarrollada en pleno alto el fuego de la organización. A pesar de que durante su carrera el Supremo había rechazado decenas de querellas contra él, en 2009 decidió abrirle tres procedimientos por autorizar las escuchas de Gürtel, declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y cobrar de la Universidad de Nueva York por dirigir unos cursos patrocinados por el Banco Santander y otras grandes empresas con causas pendientes en su juzgado. Las dos primeras acabaron en juicio oral y la última está pendiente de su apertura.
A LA ESPERA. Ahora, el CGPJ está pendiente de que se le notifique la sentencia contra Garzón para ejecutar el fallo, expulsarle de la Carrera y convocar su plaza del Juzgado Central de Instrucción número 5, que cubre Pablo Ruz de forma interina. A ella podrá concurrir cualquier juez del territorio nacional y que será adjudicada por antigüedad.
Aunque esta pena supone la pérdida del cargo que ostenta, podrá ejercer la abogacía o continuar participando en foros internacionales. Durante este tiempo, ha colaborado con el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa.
Debido a sus contactos, es muy posible que este mediático personaje, que ya fue propuesto para los Premios Nobel, desempeñe algún puesto de importancia en alguna organización.