Hace un par de años, el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se calificó a sí mismo como «un verso suelto» dentro del PP. Ayer, la rima de éste se quedó en un ripio para muchos de sus compañeros, que arremetieron contra él por afirmar que no le parece que vaya en contra de la Carta Magna el matrimonio gay, aunque acataría lo que dijera el Tribunal Constitucional (TC), que debe estudiar un recurso presentado por su partido. Más de un licenciado en Derecho recordó el aforismo jurídico Quid custodit custodes?, o lo que es lo mismo:¿Quién custodia al vigilante? Pero, rápidamente, vino a decir el exalcalde de Madrid que debía respetar lo que dijera su formación y, sobre todo, la alta instancia judicial.
Así, reconoció que no saben «cuál es el criterio del TC, «y que es a ese tribunal al que le corresponde hacer ese diagnóstico: «Hasta que se pronuncie la ley, continuará vigente».
Sin embargo, horas después de estas primeras palabras, Gallardón precisó que el PP no va a retirar el recurso: «Está presentado por el grupo parlamentario popular».
«INACEPTABLES». Las reacciones no se hicieron esperar, comenzando por los colectivos conservadores, que tacharon de «inaceptables» e «incongruentes» las polémicas declaraciones del veterano dirigente.
Tampoco recibió aplausos desde la otra orilla, ya que las asociaciones de defensa de los derechos de los homosexuales le pidieron que fuera valiente, y que empujara a los suyos a retirar el recurso de inconstitucionalidad.
Menos condescendientes se mostraron grupos progresistas como IU o el PSOE, que le llegaron a llamar «hipócrita», y que le retaron a que ayudara a los gays.
Desde el propio PP, fue su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, el que recordó que su partido se mantiene a la espera del dictamen del TC, independientemente de las diferentes posiciones personales dentro la formación.
Preguntado sobre cuál es su opinión al respecto, el político vasco indicó que «ya es conocida» desde que fuera alcalde de Vitoria, donde casó a personas del mismo sexo.
Pero quien más virulento se mostró fue el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que no tuvo ningún inconveniente en recoger el guante de la prensa y desacreditar a Gallardón: «Si el Partido Popular no hubiera creído que es inconstitucional no hubiera recurrido al Tribunal Constitucional». A su juicio, los enlaces gays vulneran la Carta Magna aprobada en 1978.