García Molina aprovechó la comparecencia en las Cortes del director general de Vivienda, José Antonio Carrillo, para exigirle que intervenga. Denunció que el acuerdo entre la inmobiliaria Solvia e Iberdrola, por el que se regularizaría la presencia de estas familias en el inmueble con un alquiler social, no se cumple porque las dos partes no han acordado cómo restaurar la electricidad al edificio.