La suspensión acordada hoy puede mantenerse durante un máximo de cinco meses. Antes de que se cumpla ese plazo, si el tribunal no ha dictaminado sobre el fondo del asunto (si las partidas presupuestarias destinadas al referéndum son o no constitucionales) los magistrados deben decidir si mantienen o levantan la suspensión de esos apartados de las cuentas catalanas