"El principio de la ordinalidad significa que en función de la capacidad económica que tengan los ciudadanos de una región tienen derecho a una mejor prestación de servicios públicos y eso va en contra de ese principio de solidaridad por el que, con independencia de nuestra capacidad económica tenemos que tener acceso al mismo nivel de prestación de servicios", explicó Ruiz Molina antes del CPFF.